Estafa con una rifa de Bomberos: la fiscalía pidió la condena de los imputados

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare penalmente responsable a los tres imputados por el delito de administración fraudulenta con la venta de rifas del cuartel de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio. Por su parte, la defensa argumentó que se trató de un “desorden administrativo”, y solicitó su absolución; o en su defecto, la aplicación de una pena en suspenso. La lectura del veredicto será el 26 de diciembre.

Leé también: Comenzó el juicio por presunta administración fraudulenta con una rifa de Bomberos Voluntarios

Los imputados son Aldo Daniel Pozas, quien entre octubre de 2019 y octubre de 2021 fue vocal y después presidente interino de la Asociación; y dos integrantes del cuerpo de Bomberos que revistan en el ministerio de Seguridad de la provincia, Samuel Sifuentes Ortega y Juan José Jara.

El fiscal Gustavo Herrera les atribuyó haber organizado el bono contribución sin autorización del órgano de fiscalización (Lotería), con cupones duplicados y hasta triplicados, sin controles del resto de los integrantes de la organización y sin rendir los montos ingresados. El delito atribuido es “estafa y defraudación” en perjuicio de la Asociación.

En su alegato de clausura el fiscal dijo que durante el juicio quedó demostrada la participación de los tres hombres, aunque en diferentes modalidades. Principalmente de dos de ellos quienes asumieron el control total de la rifa y de la recaudación, ejecutando materialmente el hecho.

“A dos de los imputados (Ortega y Jara), se les rendía el dinero de las cobradoras y gran parte de los bomberos, aunque los testigos señalaron más a uno. Ambos obtuvieron un lucro indebido, beneficiándose con el dinero rendido ya que no lo depositaron en el banco, no lo registraron ni entregaron los recibos correspondientes, con el objetivo de que se evitara saber cuánto dinero había sido recaudado”, expresó.

Sobre el tercer imputado, quien presidía la Comisión Directiva (Pozas), el fiscal dijo que es responsable porque tuvo la administración de la rifa en un primer momento, fue el organizador, y delegó su manejo. Y que pese a las sospechas, vendió y cobró rifas, de manera que también obtuvo un lucro indebido.

El fiscal Herrera sostuvo que los tres imputados fueron responsables de la maniobra. Foto: Prensa MPF.

“Se trata de una coautoría mixta, de acción y omisión”, aseguró. Agregó que él tenía el deber de impedir que se obtuviera un lucro indebido. Sin embargo no lo hizo y perjudicó los intereses confiados.

Los dos defensores públicos y el abogado particular solicitaron la absolución indicando que no se logró probar la participación en los hechos. Uno de los defensores públicos, que ejerció la defensa técnica de quien presidió la Comisión Directiva, indicó que existió una toma ilegítima de poder de la administración para llevar a cabo la defraudación.

¿Qué se investigó?

Según la investigación los hechos ocurrieron entre marzo y septiembre del año 2021 con el lanzamiento de la rifa denominada “Gran bono contribución”. Estaba integrada por un cartón con 10 troqueles, con un valor de 10 mil pesos cada uno. Los troqueles se pagaban de forma mensual, a un valor de 1.000 pesos. Se imprimieron 2.500 cartones y se vendieron 1778.

Los fondos recaudados tenían como finalidad la compra de una autobomba usada en Holanda, y también costear insumos, herramientas y demás materiales para el funcionamiento del respectivo cuartel. El premio principal iba a ser un automóvil que nunca se compró.

Según la cantidad de cartones vendidos por los promotores y los troqueles cobrados por las cobradoras, la Fiscalía estima que se recaudó al menos $8.317.000. Aún se desconoce el destino final de $3.021.483, cerca de $59 millones a valores actuales.