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02/12/2025

Comenzó el juicio por presunta administración fraudulenta con una rifa de Bomberos Voluntarios

La fiscalía busca esclarecer el destino de casi 40 millones de pesos a valores actuales, recaudados a través de una rifa lanzada en 2021.

Comenzó el juicio oral que tiene en el banquillo a tres hombres que integraron la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, acusados de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. Para el Ministerio Público Fiscal, el manejo de una rifa lanzada en 2021 terminó generando un perjuicio económico cuyo destino aún no está esclarecido.

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La investigación se centra en la rifa “Gran bono contribución”, que comenzó a comercializarse entre marzo y septiembre de 2021. Cada cartón llevaba 10 troqueles de mil pesos mensuales y se imprimieron 2.500 unidades, de las cuales se vendieron 1.778, según los registros reconstruidos por la fiscalía, se recaudaron al menos $8.317.000.

Del total, se pagaron $1.550.000 a los promotores que vendían los cartones y $1.353.400 a las cobradoras encargadas de recaudar las cuotas mensuales. Además, se destinaron $700.000 a premios y $473.893 a gastos administrativos.

La denuncia del tesorero derivó en un allanamiento en el cuartel, donde se secuestraron $1.218.224 que luego fueron depositados en una cuenta bancaria. Pese a ello, aún no se pudo determinar el destino de $3.021.483 y también detectaron cartones duplicados y triplicados, lo que sumó sospechas sobre el manejo interno.

Uno de los imputados (primer vocal en la Comisión) impulsó la rifa y quedó a cargo de la dirección del cuartel tras la licencia del presidente. Sin embargo, un conflicto interno derivó en que otros dos miembros asumieran el control de la administración y del manejo del dinero sin entregar recibos ni constancias, según expuso la fiscalía.

A esto se suma que la rifa no contaba con autorización de la Lotería de Río Negro, por lo que no había supervisión estatal.

Las defensas, por su parte, negaron la figura de administración fraudulenta. Coincidieron en que no existió un plan delictivo ni intención de apropiarse de fondos, sino un “desorden administrativo” producto de una crisis institucional. Afirmaron que la falta de registros hace imposible establecer con precisión cuánto se recaudó y pidieron la absolución de los acusados.

El juicio continuará durante toda la semana en la sala 1 del Fuero Penal de Cipolletti y se prevé que los alegatos finales puedan extenderse a la próxima.