El Gobierno vuelve a poner en agenda la imputabilidad juvenil tras el asesinato de un adolescente
El reciente asesinato de Jeremías Monzón, un joven de 15 años de Santa Fe, ha impulsado significativamente el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad en Argentina. Con acusaciones señalando a jóvenes de 14, 15 y 16 años como responsables del crimen, el tema ha vuelto a tomar relevancia en el ámbito político y social del país. La senadora Patricia Bullrich ha adelantado que buscará retomar la discusión del proyecto de ley penal juvenil en el Congreso.
Este debate ya había tenido avances notables en 2025 en la Cámara de Diputados, cuando se lograron consensuar más de una docena de proyectos provenientes de diversas fuerzas políticas. La propuesta que obtuvo dictamen consistió en reducir la edad de imputabilidad de los delincuentes menores de 16 a 14 años, alineándose con estándares de países vecinos.
El impulso para esta reforma legal no es reciente. El presidente Javier Milei, en su discurso ante la asamblea legislativa en marzo de 2025, hizo un llamado a endurecer el Código Penal y aprobar la ley que busca reducir la edad de imputabilidad. Milei sostuvo que los jóvenes que cometen delitos conscientes de sus actos deben afrontar las consecuencias de estos, marcando un turno a la urgencia de cambios legislativos tras el trágico asesinato de Kim Gómez, una niña de siete años, a manos de dos menores en la ciudad de La Plata.
En una publicación en redes sociales, Patricia Bullrich enfatizó la necesidad de abordar la Ley Penal Juvenil para evitar futuras tragedias. Su posición reflejaba indignación ante el sistema actual, que considera ofrece una impunidad por edad injustificada a los jóvenes infractores, dejando desprotegidas a las víctimas. Bullrich aboga por la responsabilidad penal temprana y la incorporación de jueces especializados para garantizar un tratamiento adecuado de dichos casos.
El proyecto que logró avanzar previamente fue producto de un plenario conjunto de comisiones como Legislación Penal, Justicia y Familia, y Juventud, integrado por legisladores de diversos partidos, incluyendo libertarios, el Pro, la UCR, y otros. Aunque no se alcanzó el número necesario para la aprobación definitiva, se generó un consenso importante con implicancias positivas futuras.
Dentro del dictamen se priorizó un enfoque rehabilitador y restaurador para los menores, priorizando medidas educativas antes que el encarcelamiento. Entre las figuras penales planteadas se encuentran sanciones que van desde servicios comunitarios, supervisión electrónica, capacitación laboral hasta penas privativas solo en casos de extrema gravedad.
El desafío ahora radica en restablecer el debate parlamentario tras haber perdido estado legislativo el proyecto. Con el consenso previo como base, los legisladores deberán unir esfuerzos para proseguir con la discusión.