Renunció el titular del RENAPER
Los cambios en la estructura administrativa del estado se han hecho oficiales en un reciente anuncio público a través del Boletín Oficial. Esta reestructuración responde al hecho de que varios titulares de organismos clave han renunciado a sus posiciones, lo que ha llevado a un proceso de reubicación de cargos significativos dentro de la administración pública.
Uno de los cambios más destacados en esta reorganización es el de Pablo Luis Santos, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Dirección Nacional del Registro de las Personas (RENAPER). Santos ha comunicado su decisión de dejar el cargo a partir del 1° de febrero, cediendo su lugar a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. Esta transición se ha percibido como estratégica dado el rol crucial que el RENAPER desempeña en la gestión de la identificación y documentación de ciudadanos.
Otra salida que ha captado la atención es la de Paul Starc, hasta ahora al mando de la Unidad de Información Financiera (UFI). Ernesto Gaspari ha sido nombrado como su sucesor, mientras que Starc ha sido reubicado en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Este movimiento ha generado especulaciones en los círculos políticos, aunque desde el gobierno han aclarado que la renuncia de Starc responde exclusivamente a razones personales y no a diferencias políticas o administrativas.
Asimismo, el reordenamiento de puestos también ha llegado al ámbito del transporte y la energía. El Servicio de Transporte ha experimentado cambios con la salida de Luis Pierrini, siendo reemplazado por el experimentado Fernando Herrmann. De manera similar, ENARGAS ha visto la renuncia de Carlos Alberto María Casares, quien ha sido sustituido por Marcelo Alejandro Nachón. Estas designaciones son parte de un esfuerzo mayor por asegurar una transición fluida y un fortalecimiento de las capacidades administrativas en sectores que son vitales para la infraestructura del país.
Esta reestructuración no solo refleja ajustes internos sino que además busca asegurar que cada organismo continúe operando eficientemente mientras enfrentan nuevos desafíos que exigen una administración competente y adaptable. Los ciudadanos observan atentamente estas transiciones, esperando que estos cambios traigan consigo mejoras en los servicios estatales.