Polémica propuesta de Alejandra Monteoliva: pide bajar la edad de imputabilidad a 12 años

En Argentina, el debate sobre la edad de imputabilidad ha cobrado fuerza nuevamente con la reciente declaración de la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En un contexto político tenso, la ministra ha posicionado su voz firme a favor de reducir la edad legal en la que los jóvenes pueden ser juzgados por sus delitos. Según Monteoliva, Argentina está desfasada respecto a la normativa internacional vigente en otros países, y considera que es necesario que el país avance hacia una legislación más rigurosa.

Monteoliva explicó que el actual régimen penal juvenil en Argentina es bruto y desactualizado y defiende la idea de que los niños en Argentina deben comenzar a enfrentar la justicia a partir de una edad más temprana. Actualmente, el proyecto oficial propone establecer la imputabilidad a los 13 años, pero Monteoliva sostiene que sería más apropiado, e incluso urgente, discutir su establecimiento entre los 12 y 13 años. Según sus declaraciones, es primordial actualizar la ley de 1980 para enfrentar la dinámica cambiante del crimen y sus implicaciones sociales.

La ministra expresó su agradecimiento por la próxima discusión del proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero. Ella considera que esta es una oportunidad crucial para avanzar hacia una reforma necesaria que ayude a modernizar el sistema penal y reducir la delincuencia juvenil que se beneficia de las lagunas legales actuales.

Por su parte, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también se ha unido a esta defensa enérgica. Para él, el cambio es imperativo, subrayando que el contexto delictivo ha cambiado drásticamente desde los años 80. "La cobertura actual no hace justicia ni al menor infractor ni a las víctimas", comentó, enfatizando que el aumento de actividades delictivas graves cometidas por adolescentes requiere de un marco legal más sólido que lo establecido hace décadas atrás.

Ambos ministros aluden a la problemática persistente de la impunidad en delitos cometidos por menores y hacen un llamado conjunto a la adaptación de las leyes a la realidad contemporánea, un movimiento que, ya está generando fricciones en el espectro político y social en el país. A medida que se aproxima el debate en el Congreso, el Gobierno reafirma su postura buscando consensos y voluntad política para introducir cambios que, consideran necesarios para alcanzar un equilibrio entre justicia y adecuación legal acorde a las necesidades del siglo XXI.