El Gobierno abrió licitación para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales

En una movida significativa que busca transformar la gestión de la infraestructura vial del país, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el esperado llamado a licitación para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales. Esta decisión estratégica forma parte de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones y está orientada a tramos específicos en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Lee también: Caputo defendió la inflación de enero: "Convergerá a niveles internacionales"

Caputo está liderando estos esfuerzos con la ambición de "modernizar" el marco de infraestructura vial nacional, como destacó en su último comunicado compartido a través de las redes sociales. "Estamos comprometidos con ofrecer mejores rutas y una infraestructura más moderna mientras incentivamos la inversión privada y resguardamos los recursos nacionales", afirmó el ministro.

El plan supone dividir la licitación en cuatro grandes tramos estratégicos: el corredor Mediterráneo, que abarca 672 kilómetros y es crucial para el centro productivo argentino; el corredor Puntano, con 720 kilómetros, vital para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, que enlaza directamente accesos a puertos y puntos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, clave para la conexión de polos industriales con facilidades portuarias.

Por otro lado, se han especificado cuáles rutas nacionales serán objeto de esta privatización. Se incluyen dentro de esta cartera las rutas 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, así como los importantes nodos de acceso A005 y A008. Este modelo propuesto elimina subsidios y promueve una mayor implicación de la iniciativa privada en la construcción, mantenimiento y explotación de estos corredores.

Es importante señalar que ya ha sido constituida una comisión evaluadora expresa para gestionar el proceso de adjudicación. Este grupo especial será la autoridad responsable de evaluar las propuestas para asegurar que sean estratégicas, eficientes y alineadas con los objetivos trazados por la administración nacional en cuanto a hacer más sostenible la economía mediante la disminución del déficit.

Esta iniciativa es parte integral del plan gubernamental de transformar el panorama de infraestructura vial a través de parternariados público-privados, lo cual también está destinado a equilibrar las cuentas fiscales del país. Aunque la medida ha recibido algunas críticas, especialmente por parte de la Federación del Personal de Vialidad Nacional debido al estado de las rutas, es sin duda un paso hacia un cambio significativo que afectará no solo logísticamente, sino también económicamente, al país en el largo plazo.