Licuación de los salarios: el 90,2% de los trabajadores no logra llegar a fin de mes

En un contexto de inestabilidad económica y salarial, se está haciendo cada vez más evidente el impacto sobre los trabajadores argentinos. De acuerdo con un informe reciente del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentriz Consultora, una significativa mayoría de los trabajadores “el 72% de aquellos menores de 40 años“ enfrentan serias dificultades para llegar a fin de mes, con sus ingresos agotándose antes del día 20.

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Este fenómeno no es solo una cuestión de planificación financiera; responde a un problema estructural más profundo que involucra la drástica reducción del poder adquisitivo de los salarios. Bajo la administración del presidente Javier Milei y la dirección del ministro de Economía, Luis Caputo, la política de desinflación se ha centrado en la licuación salarial, estrategia que, si bien se plantea como un medio para controlar la inflación, ha erosionado de manera preocupante el bienestar económico de miles de familias argentinas.

Para los trabajadores considerados de "clase baja", la situación es aún más grave. Un alarmante 83,3% de ellos se encuentra sin recursos antes del 20 de cada mes, viéndose en la necesidad casi ineludible de recurrir al endeudamiento para cubrir gastos fundamentales como alimentación y salud. Esta dependencia del crédito no hace más que incrementar una bola de deuda insostenible con el tiempo.

Además de estas familias, la clase media argentina tampoco escapa de esta presión económica. Un 51,4% de los miembros de esta clase agotaron sus ingresos antes de finalizar el mes. Esta situación se agrava por la necesidad de cubrir pagos de servicios y tarifas, que afectan desproporcionadamente a este segmento en comparación con otros estratos.

En cuanto a las expectativas de intervención estatal, el 67% de los encuestados expresa la necesidad de acciones del Gobierno para enfrentar este problema, manifestando una percepción de insuficiencia respecto a las soluciones propuestas y actuales del aparato gubernamental. No es solo una cuestión de querer soluciones, sino de voz contundente que clama por regulaciones más estrictas en las condiciones crediticias y un replanteamiento de las políticas económicas vigentes.

Con una evidente distinción entre las clases trabajadoras, la clase alta, por otro lado, tiene un enfoque diferente hacia el crédito, utilizándolo mayoritariamente para la adquisición de bienes durables. Esta diferencia refleja la desigual lucha por equilibrar el presupuesto personal entre las clases bajas y medias.

Los testimonios recogidos reflejan, además, una estabilización del descontento respecto a la inflación. Desde marzo, más del 81% de la población siente que sus salarios no están a la par del crecimiento de los precios, un sentimiento que llegó a un pico del 87,4% en julio de este año.