El Gobierno denunciará por terrorismo a los implicados en los hechos violentos del Congreso
La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno interpondrá una denuncia por terrorismo contra los involucrados en los actos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso. Según Monteoliva, los incidentes superaron el umbral de manifestaciones típicas, constituyendo un intento premeditado de desestabilizar el orden institucional.
Las declaraciones de la ministra fueron claras al definir los actos como una forma de violencia extrema. Entre los elementos utilizados por los manifestantes se mencionaron bidones de nafta y bombas Molotov, junto con otros artefactos destinados a causar daño, destacando la planificación detrás de estos hechos. "Cuando una manifestación pasa del activismo social a usar armas, estamos ante una amenaza mayor”, afirmó Monteoliva.
El Ejecutivo busca aplicar las disposiciones de la Ley Antiterrorista vigente, que estipula penas más rigurosas y una investigación federal para casos de este tipo. Monteoliva enfatizó la intención de sembrar caos con estas acciones, argumentando que "una bomba Molotov se diseña para generar caos y no puede interpretarse únicamente como un acto vandálico".
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue descrita por Monteoliva como conforme a los protocolos, buscando minimizar daños mayores y priorizar una dispersión controlada de los manifestantes. "Nuestra misión principal es preservar la seguridad de todos, dispersando antes de intervenir directamente", explicó mientras respondía a críticas respecto a la efectividad de las técnicas de contención durante las protestas.
Hasta el momento, más de veinte personas han sido detenidas, y la identificación de los responsables continúa. El Gobierno ha solicitado la colaboración de tecnología avanzada para examinar imágenes y registros, clarificando que el proceso de acumulación de pruebas es exhaustivo pero necesario dada la gravedad del asunto. Existe también una preocupación por la interpretación mediática y en redes sociales de los eventos, pues ciertas narrativas sugieren infundadamente la presencia de infiltrados entre los manifestantes.
Monteoliva expresó su desdén ante tales acusaciones, asegurando que toda acción está debida documentación y responde a facilitaciones judiciales. Finalizó promoviendo una revisión de protocolos para futuras manifestaciones e incluso celebró el progreso legislativo en el ámbito de seguridad, visibilizado en la aprobación de la media sanción para la reducción de la edad de imputabilidad.