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Ley de Glaciares: el Gobierno oficializó el traspaso del control a las provincias
En una acción significativa para la administración local del medio ambiente, el gobierno ha promulgado la reforma a la Ley de Glaciares, marcando un antes y un después en la protección de estas y otras áreas naturales en Argentina. Este cambio legislativo, avalado por el Decreto 271/2026 y publicado hoy en el Boletín Oficial, otorga mayor autonomía a las provincias para identificar y proteger los glaciares y los ambientes periglaciares bajo sus propios criterios.
La anterior normativa, vigente desde 2010, catalogaba los glaciares como bienes públicos estratégicos, debido a su crucial papel en la conservación de agua dulce, el mantenimiento de cuencas hidrográficas, y su valor para la biodiversidad, el turismo, y la ciencia. Sin embargo, la reforma permite ahora que cada jurisdicción elabore su propio sistema de protección, lo que podría dar lugar a interpretaciones y aplicaciones diversas y, potencialmente, desiguales.
Un punto controvertido de este nuevo marco legal es el impacto que podría tener en los proyectos mineros y otras actividades productivas. Con la protección limitándose a aquellos glaciares donde exista una "función hídrica comprobada o relevante", existe la posibilidad de que nuevas áreas se abran para la explotación, algo que los expertos y defensores ambientales han señalado ya con preocupación.
También se reduce la centralidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales dentro de este proceso. Aunque el inventario nacional del instituto seguirá siendo un documento de consulta esencial, la responsabilidad última recaerá sobre las provincias, que realizarán sus propias evaluaciones de impacto ambiental antes de autorizar cualquier iniciativa que pudiera afectar estas áreas.
Quienes apoyan la reforma argumentan que se promueve un federalismo ambiental más robusto y se clarifican las reglas del juego para futuros inversores interesados en actividades extractivas. Desde el seno del oficialismo, defienden que una clasificación correcta y precisa ayudará, finalmente, a una mejor preservación de las funciones naturales esenciales del terreno, sin menosprecio de las oportunidades económicas que representen para las comunidades locales.