La justicia impuso una dura multa a dos empresas que abandonaron la construcción del Complejo Judicial
El juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13 de Viedma condenó a las empresas que abandonaron la construcción del Complejo Judicial de Cipolletti a abonar una multa de más de 32 millones de pesos. También rechazó la impugnación contra el cálculo de la liquidación de intereses, por lo que el fallo quedó firme en primera instancia.
Leé también: Complejo Judicial: aconsejaron adjudicar la terminación de la obra a una constructora rionegrina
La sanción recayó sobre la sociedad constructora conformada por las empresas Dinale y Pecam, de Rosario, consorcio que había ganado la licitación realizada en 2019 para terminar la obra. El 18 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia decidió rescindir el contrato debido a la extrema lentitud de los trabajos y el vencimiento de los plazos acordados.
Las firmas constructoras habían impugnado las planillas de liquidación practicada por la provincia de Río Negro, representada por la Fiscalía de Estado, según surge de un expediente difundido por el sitio web del Poder Judicial.
Al evaluar el planteo, el titular del juzgado, Julián Fernández Eguía, rechazó la presentación, por lo tanto, quedó firme el millonario monto de multa inicial.
El juez indicó que se utiliza una tasa (denominada “Machin”) “de conformidad a la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ha determinado ese criterio económico de cálculo para todas las deudas dinerarias en mora reclamadas en juicio en la jurisdicción local”.
Estado de situación
A enero pasado, el Complejo Judicial de Cipolletti, ubicado sobre la calle Naciones Unidas entre Teniente Ibáñez y Puerto Rico, presentaba un avance del 70 % de obra civil y encara una nueva etapa licitatoria para su terminación. El presupuesto oficial para concluir el 30 % restante asciende a 12.200 millones de pesos.
Esa obra de energización integral fue adjudicada en febrero de 2025 y está a cargo de la empresa Energía Controlada.
El proyecto arrastra casi nueve años desde la primera adjudicación y atravesó dos licitaciones frustradas, ambas con rescisión de contrato por incumplimientos de las empresas a cargo, como demoras de plazos y adicionales que el STJ consideró injustificados. Esta sucesión de interrupciones prolongó la presencia de una estructura inconclusa en una zona neurálgica de la ciudad, postergando la concentración de servicios judiciales en un único complejo edilicio.
La primera licitación fue adjudicada a DAL Construcciones, de Chaco, con contrato firmado el 24 de mayo de 2017, plazo de 900 días corridos y monto de 300 millones de pesos. Tras un año y medio de demoras, el gobierno provincial rescindió el contrato y transfirió la responsabilidad de supervisión y contratación al Tribunal Superior de Justicia. El 11 de diciembre de 2019 asumió el consorcio integrado por Pecam y Dinale, pero el segundo contrato también fue rescindido el 18 de octubre de 2023 por plazos vencidos y bajo ritmo de obra.
En la nueva licitación, el Poder Judicial resolvió que el resto del edificio se ejecute en un solo tramo, y de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, se adjudicó la terminación a la empresa constructora Roque Mocciola S.A., con domicilio en General Roca, por un monto cercano a los 13.986 millones de pesos. En su momento se consideró esa propuesta como la más conveniente para los intereses del Poder Judicial, considerándose que ya está en obra.