La fiscalía imputó por 49 hechos de estafa a la comisión de una cooperativa de viviendas
La fiscalía imputo por 49 hechos de estafas a tres integrantes de la conducción de una cooperativa de viviendas en Neuquén Capital. Los acusó de haber puesto a la venta terrenos en la zona de la meseta, que no eran propiedad de la entidad ni estaban en condiciones de ser urbanizados.
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La formulación de cargos recayó en los tres máximos responsables de la Cooperativa 127 Hectáreas La Sirena Limitada: su presidente, Jorge Salas; la secretaria, Roxana Huincamán; y la tesorera, Beatriz Levero.
La fiscal Rocío Rivero sostuvo que estas tres personas “se aprovecharon de la necesidad habitacional” y “montaron un sistema de captación de nuevos asociados o adherentes hacia el proyecto conocido como ‘Meseta’ para el desarrollo de viviendas”. Para concretar la maniobra brindaron información falsa sobre la incorporación de los lotes al ejido urbano de Neuquén y sobre la titularidad del inmueble.
La urbanización dependía de la incorporación del inmueble al ejido urbano de la ciudad mediante una ley provincial, algo que finalmente no ocurrió, sostuvo. La cooperativa vendía lotes de 200 metros cuadrados, que se iban a entregar en 24 meses con servicios de luz, agua y enripiado de calles.
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La fiscal remarcó que Salas y Huincamán “crearon un sistema coordinado para la captación de asociados bajo la promesa de la entrega de un lote con servicios (...), cediendo lotes de un inmueble ajeno cuando nunca iban a poder cumplir con esos objetivos”. A la vez, exigían a los asociados el pago de la cuota social y de la correspondiente al loteo.
En tanto, Levero tuvo una participación indispensable en la maniobra, ya que se desempeñaba como tesorera, cobraba los fondos aportados por los asociados y luego disponía del patrimonio de la cooperativa bajo las directivas del presidente y la secretaria, enunció la fiscalía.
Tras un cuarto intermedio, el juez de garantías Luciano Hermosilla resolvió aceptar la formulación de cargos en los términos planteados por el MPF y la querella y fijó en seis meses el plazo para llevar adelante la investigación, que además fue declarada compleja. También estableció un plazo de dos meses para que la fiscal adopte una decisión respecto de otros dos legajos vinculados con la investigación.