Juicio a cooperativistas: “es una maniobra para intimidar a las organizaciones sociales
Los abogados de seis cooperativistas imputados en una causa por estafa con planes de capacitación y empleo aseguraron que “en esta causa no hay delito alguno” sino “un show mediático” para “amedrentar a organizaciones sociales”. Mañana a las 8 se realizará la audiencia de control de acusación contra los dirigentes de la cooperativa Viento Sur y convocaron a una movilización para respaldarlos.
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La fiscalía formuló cargos contra dos ex ministros del gobierno de Neuquén durante la gestión de Omar Gutiérrez, Abel Di Lucca y Germán Chapino; al presidente de la cooperativa Viento Sur, Diego Mauro; a la legisladora provincial Gabriela Suppicich (Frente de Izquierda), y a otros cuatro referentes de la organización.
Para el ministerio público fiscal, los cooperativistas recibieron del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén una suma superior a los 1.000 millones de pesos a través de un programa de capacitación laboral para la inserción en el mercado de trabajo y emprendimientos de la economía social.
Mañana se realizará la audiencia de control de acusación, y para los defensores “es una causa plagada de irregularidades”. Según el equipo de abogados, demuestra cómo “el Estado puede usar el aparato judicial para intentar disciplinar y amedrentar a quienes organizan la lucha social. Queremos que esto se sepa y que se entienda su gravedad”.
Campaña para intimidar
Los abogados Fernando Diez, Federico Egea, Marcos Pastorutti y Mariano Pedrero sostuvieron que los allanamientos que realizó la fiscalía en julio de 2024 y la causa en general es “un show mediático” para intimidar a las organizaciones sociales “más combativas”, como el Frente de Obreros en Lucha y el Polo Obrero. “Dos años de investigaciones no alcanzaron para sostener lo que se anunció a los gritos2, enfatizaron.
También resalaron que “cerca del 93% de los fondos recibidos en la cooperativa fueron a manos directas de los beneficiarios, y que el resto fue utilizado para cumplir exactamente con lo acordado con la provincia, esto es, que las organizaciones se hagan cargo de garantizar los trabajos de esos compañeros y compañeras, con materiales, herramientas, ropa de trabajo y lugares en los que puedan realizar esas tareas”.
“Acá no hay ningún delito, y resulta clarísima la persecución penal a un determinado grupo de personas pertenecientes solo a dos organizaciones sociales, de las muchas que han sido beneficiarias de los mismos programas”, sostuvieron.