Megacausa por certificados truchos: los defensores insistieron en trasladar el caso a Roca y a Cipolletti
Este jueves comenzó la segunda parte de las audiencias por los pedidos de excepciones procesales de la causa que investiga la presunta utilización de certificados médicos falsos que involucra a más de 120 policías y a algunos docentes, con la intervención del juez Adrián Dvorzak.
En esta nueva jornada, según informó NoticiasNet participaron por el Ministerio Público Fiscal los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, mientras que por la querella en representación del Gobierno provincial intervino Federico Rosbaco. Las defensas esta vez estuvieron representadas por Diego Broggini -por tres médicos acusados como participes necesarios-, Silvio Garrido y Santiago Silva.
El eje de la audiencia fue casi un calco de lo ocurrido en la primera. Mismos planteos y mismas respuestas. Las defensas plantearon que la causa no tendría que tratarse en Viedma, sino que debería tramitarse en las circunscripciones donde ejercen los médicos y donde el grueso de los agentes públicos se tomaron sus licencias: en General Roca y en Cipolletti.
El abogado Santiago Silva dijo en su planteo: “El lugar de uso de esos certificados para obtener las licencias laborales, conforme explica la acusación, no ocurrió en Viedma, sino que aconteció en el caso del señor Escobar (uno de sus defendidos) y la señora Solís (otra acusada), en el Establecimiento Penitenciario 5 de Cipolletti, y en el caso de la señora Sueldo, en el Establecimiento Educativo 106 de General Roca. De manera que, por esta regla, la del lugar donde se cometen los hechos, corresponde la jurisdicción de la cuarta circunstancia judicial de Cipolletti y la segunda circunstancia judicial de General Roca”.
Asimismo, expuso que hay un perjuicio en el derecho de defensa, porque se “obliga” a los acusados “a litigar en un fuero penal que está a más de 400 kilómetros del centro de vida y del lugar de los hechos”. Y amplió: “Si estamos hablando de empleados públicos con recursos ajustados, cuyo centro de vida está en el Alto Valle de Río Negro, donde la relación laboral en donde en definitiva presentaron estos supuestos certificados ocurrió en ese lugar y donde su prueba contextual está ahí”.
A su turno, Broggini también pidió la improcedencia de continuar el legajo en Viedma y sostuvo: “Independientemente del posicionamiento que tenga la Fiscalía, que piensa que esto ya está casi como resuelto, nosotros nos proponemos demostrar que esta imputación no corresponde y para eso tenemos que desplegar una actividad probatoria intensa, toda la cual debe hacerse en la localidad de Roca, por lo menos respecto de mis dos asistidos, en donde los hechos que se imputan habrían sucedido”.
En este sentido, indicó: “Lo que vamos a demostrar es que la Elisandro, como médica, emitió a conciencia cada uno de esos certificados, en la medida que constató las patologías que consignó en esos certificados como justificativo de esas licencias que luego fueron tomadas. Pasaron por un procedimiento que también se produjo en la localidad de General Roca, y con una auditoría por parte del médico policial”.
“Y obviamente esa inexistencia del presupuesto de falsedad, por el que se pretende concitar la imputación, requiere de la producción de una abundante prueba. Es imposible que sea trasladada a la ciudad de Viedma. Me refiero a lugares donde se han hecho estudios médicos, lugares donde se han adquirido medicamentos prescriptos, es decir, todo un montón de cuestiones que van a avalar que cada uno de esos certificados que consignaban una patología diagnosticada y plasmada en un instrumento de ese certificado que fue presentado, lo fue hecho sobre la base de la veracidad”, recalcó.
Broggini señaló: “Es imposible producir prueba por parte de la defensa en otro ámbito que no sea en el de la circunscripción donde esto sucedió, donde el hecho que se acusa sucedió. Por supuesto, la negación de que el efecto se produjo en la ciudad de Viedma no resiste a ningún análisis, porque si fuese así, la gran cantidad de juzgados federales que existen en las provincias, concretamente en la provincia de Río Negro tres, Viedma, Roca y Bariloche, no tendrían ninguna causa, y sin embargo tienen gran cantidad de naturaleza penal por delitos tributarios. Porque van a decir, por el perjuicio que se le produjo al Estado Nacional y concretamente al ARCA, que tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, entonces todo el mundo tendría que ir a tramitar causas penales por delitos tributarios en la ciudad de Buenos Aires, y todos sabemos que eso no es así”.
La Fiscalía se rehúsa a empezar de cero
Por su parte, el fiscal Peralta pidió que se rechace este pedido de cambiar de jurisdicción y fue contundente con sus argumentos. En esta línea, subrayó: “Por más que se intente hacernos pensar que los efectos se produjeron en las localidades o en los lugares donde el certificado se presentó, para conformar una maniobra defraudatoria, lo cierto es que el efecto fue a las arcas provinciales y la sede de la administración de la Provincia de Río Negro está en Viedma. Más allá del ropaje que intente ponérsele, los efectos se produjeron en la ciudad de Viedma”.
Asimismo, precisó: “La defraudación queda consume al uso del certificado médico falso, porque el uso del certificado médico falso es el medio por el cual se defrauda la administración pública. Y toda la información que Elisandro habría cotejado o analizado previo a expedir el certificado, no se condice en absoluto con las conversaciones extraídas de los celulares donde los numerosos agentes policiales solicitaban la extensión de un certificado”.
Además, resaltó: “Los agentes policiales habrían presentado certificados médicos falsos que se extendieron sin la revisación pertinente. De hecho, en las conversaciones surge que le piden certificados, y los mismos agentes policiales pretendían que les den un diagnóstico. La médica o su esposo, referían que el diagnóstico lo ponían ellos y que no podían exceder licencias de 10 días”.
El debate continuará durante toda la semana y los primeros días de octubre, mientras el juez Adrián Dvorzak escuchará los argumentos de las distintas partes, en una nueva tanda, y luego resolverá si es procedente o no seguir en el fuero penal de Viedma el martes 13 de octubre. Una vez zanjada esa cuestión, se podrá realizar las oportunas formulaciones de cargos o deberá comenzarse de cero en Roca y en Cipolletti.
Los planteos serán resueltos una vez que finalicen todas las audiencias, programadas inicialmente para los días 25, 28 y 30 de septiembre y 5, 7, 8 y 9 de octubre. Se prevé, además, una audiencia adicional para quienes, por motivos justificados, no pudieron estar presentes en las dos primeras jornadas.