Le descontaban todo el sueldo por préstamos y la Justicia le puso un freno
Una trabajadora de una escuela de Cipolletti logró un fallo judicial que busca proteger sus ingresos frente a los descuentos automáticos de préstamos. La Justicia civil ordenó al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro que limite al 20% las retenciones que se realizan sobre su sueldo para pagar créditos otorgados por distintas mutuales y entidades financieras.
La medida cautelar surgió luego de que se comprobara que, durante agosto, los débitos aplicados directamente sobre sus haberes habían consumido la totalidad del salario neto. De esta manera, la mujer quedó sin ingresos disponibles para afrontar sus necesidades básicas.
El caso vuelve a poner en agenda el problema del sobreendeudamiento de los trabajadores estatales y se conoce en medio de una decisión del Gobierno provincial para intervenir sobre esta situación. El gobernador Alberto Weretilneck firmó un decreto que establece nuevos límites a los descuentos salariales por préstamos y otras obligaciones financieras de los empleados de la Administración Pública Provincial.
La iniciativa busca ordenar un sistema que estaba generando serias dificultades económicas en numerosas familias rionegrinas. Según datos difundidos sobre la situación del sector, cerca de 19.000 agentes del Poder Ejecutivo tenían descuentos en sus haberes a favor de distintas entidades acreedoras.
Cómo llegó el caso de Cipolletti a la Justicia
La acción fue presentada por la trabajadora con el patrocinio del defensor oficial Matías Vidovic, titular de la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 9.
En su presentación, explicó que había contratado sucesivos préstamos mediante comunicaciones telefónicas y plataformas digitales, pero que no recibió copias de los acuerdos ni información clara sobre las tasas de interés, los costos financieros, las cuotas o los saldos pendientes.
El expediente también contempló su situación familiar: es viuda, jefa de hogar y convive con su hija mayor y un nieto menor de edad, un contexto que profundizó las consecuencias del sobreendeudamiento.
Al analizar el planteo, el juez consideró que, aunque los préstamos habían sido solicitados voluntariamente, los descuentos sucesivos por planilla terminaron afectando de manera desproporcionada los ingresos indispensables para la subsistencia de la trabajadora.
En ese sentido, se destacó la necesidad de proteger el carácter alimentario del salario y de contemplar una perspectiva de género frente a la situación de vulnerabilidad económica de la mujer.
Vidovic sostuvo en su presentación que las entidades crediticias deben realizar previamente estudios de solvencia y evitar otorgar préstamos cuyas cuotas comprometan los ingresos mínimos de quienes los solicitan. También planteó que la Administración debe establecer límites a los descuentos automáticos, tomando como referencia los porcentajes de embargabilidad.
El defensor señaló, además, que tanto la Justicia civil como la laboral vienen interviniendo en numerosos casos similares, en los que se busca evitar que los compromisos financieros terminen absorbiendo los salarios de los trabajadores.
Qué establece el fallo judicial
Como resultado, el magistrado dispuso que el Departamento de Liquidaciones del Ministerio de Educación limite al 20% del haber neto el total de los descuentos destinados a las entidades demandadas, una vez deducidos los aportes legales obligatorios.
El porcentaje deberá distribuirse proporcionalmente entre las distintas firmas que tengan débitos vigentes, de manera que ninguna pueda absorber por sí sola una parte mayor de los ingresos protegidos por la medida.
La resolución aclaró que esta limitación no alcanza a los descuentos correspondientes a obra social, cuotas sindicales y coseguros, ya que están vinculados con contraprestaciones por servicios esenciales.
Weretilneck fijó nuevos topes para los descuentos salariales
En paralelo al caso judicial, el gobernador Alberto Weretilneck firmó un decreto para establecer límites a las retenciones voluntarias que se aplican sobre los salarios de los empleados públicos provinciales por préstamos y otras obligaciones financieras.
El nuevo esquema alcanzará a los descuentos realizados por bancos, mutuales, financieras y organizaciones gremiales que operan mediante códigos de descuento. La aplicación será progresiva para evitar que la reducción de las retenciones genere incumplimientos inmediatos en los compromisos que ya asumieron los trabajadores.
La medida alcanza a todos los trabajadores dependientes del Poder Ejecutivo provincial, independientemente de su régimen laboral.
Quedarán excluidos del nuevo límite los aportes jubilatorios, las cuotas sindicales ordinarias, las contribuciones a obras sociales, los seguros y las retenciones ordenadas judicialmente, como las cuotas alimentarias. Estos conceptos continuarán sujetos a sus propias normativas.
Refinanciación de deudas y asesoramiento gratuito
El decreto también contempla otras herramientas para abordar el endeudamiento de los trabajadores. El Ministerio de Hacienda quedó facultado para avanzar en convenios con bancos, financieras, mutuales y otras entidades acreedoras, con el objetivo de facilitar la refinanciación de las deudas y establecer condiciones de pago más favorables.
Además, el Gobierno buscará fijar límites a las tasas de interés de los futuros créditos e implementar un sistema de autorización preventiva para controlar las nuevas operaciones y los descuentos aplicados sobre los salarios.
Otro de los puntos previstos es la puesta en marcha de programas de educación financiera y un servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento para los agentes estatales que atraviesen situaciones críticas de endeudamiento.
De esta manera, el fallo que benefició a la trabajadora de Cipolletti y el decreto provincial ponen el foco sobre una misma problemática: evitar que las deudas contraídas con entidades crediticias terminen absorbiendo los ingresos necesarios para sostener la economía familiar.
Cómo acceder a la Defensa Pública en Cipolletti
Quienes atraviesen situaciones similares pueden acercarse al Centro de Acceso a la Defensa Pública (CADEP), ubicado en el primer piso de Roca y Sarmiento, en Cipolletti.
La atención presencial se realiza de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. También es posible realizar consultas por WhatsApp al 299 631-1684.