Un policía aceptó su culpabilidad y fue condenado por la muerte de Gatica en la comisaria del Mapu

Se trata de Gastón Moraga, uno de los cinco imputados que estaba de servicio la noche del hecho. En un juicio abreviado el acusado reconoció su culpabilidad por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por no haber evitado que sus compañeros torturaran a la víctima.

En su declaración el acusado describió los momentos de la detención de Jorge Gatica en la calle y explicó que al volver a la Comisaría 45, en el barrio Anai Mapu, permaneció dentro de su oficina.

Mencionó que la policía imputada, Andrea Henríquez, le comentó que uno de sus compañeros uniformados estaba golpeando a la víctima fatal y que, por esa situación, cambiaría al encargado de la custodia del detenido. Al mismo tiempo, aclaró que no sabía de la gravedad de la agresión.

Moraga además declaró que, pese a tomar conocimiento de que el detenido había sido lesionado, no inició actuaciones internas ni denunció lo ocurrido a sus superiores. Sobre este punto y frente a la presencia de la familia de Gatica les pidió perdón, aceptando que como oficial de la policía provincial debería haberlo hecho.

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Luego, describió los momentos en los cuales la víctima fatal fue llevada al hospital, cuando se constató su fallecimiento y las horas posteriores a lo ocurrido. También, mencionó parte de las conversaciones que tuvieron entre todos los acusados en la sede de la Policía Federal, mientras se encontraban detenidos y a la espera de la formulación de cargos.

Tras la declaración, la Fiscalía describió las evidencias que integran la investigación, detallando distintos testimonios y pericias que avalaban lo declarado por el acusado.

Previo a la declaración, la Fiscalía y las querellas particulares reformularon los cargos por los delitos de omisión funcional dolosa de evitar la tortura e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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La mencionada conducta sanciona a aquellas personas que estando en condiciones de poder hacerlo, no eviten que otras aplican torturas y tormentos a las personas que se encuentren privadas de la libertad. Requiere que el condenado no haya tenido una conducta activa ejerciendo las torturas físicas o psíquicas.

Tras la aceptación de la responsabilidad penal por parte del acusado, los acusadores públicos y privados requirieron el cumplimiento de una pena de 3 de prisión de cumplimiento condicional, la renuncia a fuerza policial, la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones policiales, prohibición de acercamiento a los familiares de la víctima.

El juez que dirigió la audiencia adelantó que homologaba el acuerdo y que la sentencia se dará a conocer en los próximos días.