Una confitería de la calle Yrigoyen perdió un juicio por pasar música en el local

La propietaria de una confitería ubicada sobre la calle Yrigoyen perdió el juicio por pasar música en su local. La asociación de intérpretes y productores fonográficos (Aadi  - Capif), la llevó ante los tribunales luego de las intimaciones reiteradas. La justicia civil les dio la razón, pero el fallo puede ser apelado.

En la causa se incluyó un acta labrada por escribano público, donde se dejaba constancia de que se difundía música a través de un sistema de parlantes y de una pantalla. La entidad le solicitó que además de pagar el canon correspondiente le entregara la lista de reproducción para poder abonar a sus asociados según la utilización de su producción.

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La asociación que representa a los artistas intérpretes demostró que la confitería no abonaba el impuesto desde 2017 y además no entregaba el listado previsto en el artículo 40 del Decreto 41.233/34.

La titular del bar no se presentó al juicio civil, ni abonó los cánones, ni entregó las planillas con los artistas seleccionados para la reproducción de sus obras.

La ley de Propiedad Intelectual prevé anotar en planillas diarias el título de todas las obras ejecutadas y el nombre o seudónimo de los intérpretes principales y el del productor de fonogramas o su sello o marca de la reproducción utilizada en su caso. Esa información resulta absolutamente necesaria para la correcta distribución de los fondos recaudados.

Aadi - Capif es la asociación que representa a los intérpretes y a los productores de fonogramas, tanto nacionales como extranjeros, en la percepción y administración de los derechos correspondientes por la ejecución pública de fonogramas. Está integrada por la Asociación Argentina de Intérpretes (Aadi) y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif).

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Por un convenio firmado con el Fondo Nacional de las Artes la asociación reviste el carácter de agente público para tomar a su cargo la recaudación en todo el territorio de los conceptos provenientes de la ejecución pública de fonogramas.

En este caso, el fallo aceptó la pretensión de la asociación e intimó al comercio a abonar los cánones desde 2017. Esa percepción se calcula sobre el uno por ciento de los ingresos brutos del negocio mensuales. También la titular del bar deberá entregar las planillas de la ley de Propiedad Intelectual.