Reclaman medidas de seguridad concretas después de los últimos hechos delictivos

Los últimos hechos delictivos que ocurrieron en la ciudad han provocado la indignación de comerciantes y empresarios, que a través de diferentes medios empiezan a reclamar medidas más contundentes y enérgicas desde las autoridades provinciales. “Queremos que la ministra de Seguridad (Betiana Minor), venga y de la cara”, apuntan a través de sus redes.

El homicidio de Franco Lagos, el comerciante de Costa Norte; más los robos en Demo Computación y en Joyería Daniels, colmaron la paciencia del sector. Además de la lógica preocupación, sienten miedo y viven con angustia el día a día.

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Incluso alertan sobre el modus operandi de los últimos dos atracos: en el caso del local de informática, realizaron un boquete para poder ingresar desde un patio interior; en el caso de la joyería, rompiendo rejas y vidriera con la violenta embestida de una camioneta.

Mauro Lillo, el propietario de la joyería, informó que el vehículo había sido robado unas horas antes a un vecino del centro cipoleño. Durante una entrevista que realizó con LU19, expresó que los delincuentes son del ámbito local.

Pero para mucho de sus colegas comerciantes, esta nueva modalidad evidencia la participación de elementos nuevos. “Hay una logística y una preparación de los robos totalmente distinta”, afirman.

Y en esa hipótesis, ponen sobre la lupa la actividad de los puestos camineros en los accesos a la ciudad: “el que está en el tercer puente, nunca hacen un control; en el que está sobre los dos puentes, ni el control de alcoholemia”, se quejan.

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Estos grupos de comerciantes están presionando sobre la Cámara que los agrupa para que vuelva a convocar a una reunión por la problemática de la seguridad, pero esta vez con la participación de la propia ministra. “Que no nos diga que no puede venir porque está en un curso en Buenos Aires, como dijo hace 10 días”, reclaman.

El enojo de una parte de este sector es porque en las últimas reuniones se plantearon los temas ante las autoridades policiales. Y la respuesta que reciben es: “no nos dan presupuesto”, o es “una decisión de la autoridad política”. Ahora quieren escuchar qué tiene para decir el ministerio, pero en primera persona.