Diana Mondino firmó el polémico DNU que desregula la economía y ella es dueña de un banco

La canciller Diana Mondino, en el centro de la polémica, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la actividad financiera, siendo ella misma la accionista mayoritaria del banco Roela. Dos ONG dedicadas a la transparencia gubernamental, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano, advierten sobre un posible conflicto de intereses en la decisión de la ministra.

El DNU firmado por Mondino, junto con el resto de los ministros, tiene un impacto directo en la economía del país, abarcando sectores como energía, minería, industria, comercio, sector inmobiliario y finanzas. En este último, la norma elimina las restricciones en las tasas de interés punitorias y abre la puerta a la privatización del Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo, lo más alarmante es que al momento de la firma, Diana Mondino sigue siendo la accionista mayoritaria del banco Roela junto a su hermano Guillermo Mondino, según datos del Banco Central de la República Argentina. Esto plantea dudas sobre un posible conflicto de intereses, ya que la ministra estaría legislando sobre una actividad en la cual tiene un interés patrimonial.

La ACIJ considera que Mondino debería haberse excusado de firmar las secciones del DNU relacionadas con la actividad bancaria debido a su conflicto de intereses. Por su parte, Poder Ciudadano solicita a la Oficina Anticorrupción que estudie en profundidad este caso y determine si configura un conflicto de intereses.

El impacto del DNU en el sector financiero es discutible, ya que por un lado podría favorecer a las entidades privadas al eliminar restricciones y permitir una mayor competitividad con las fintech. Por otro lado, la desregulación también podría perjudicar a los bancos al eliminar la gratuidad en la apertura de las cuentas sueldo y las extracciones de dinero para los empleados.

La polémica en torno a Mondino y su DNU pone en el centro de la discusión la ética pública y los conflictos de intereses en el ámbito gubernamental. No es la primera vez que se cuestiona la actuación de funcionarios que ocupan cargos jerárquicos dentro del Estado y toman decisiones que podrían beneficiar sus intereses personales o de empresas en las cuales tienen participación accionaria. La ley que regula estos casos es la de "ética pública" que prohíbe a los funcionarios recibir beneficios personales indebidos en relación a sus funciones.

Mientras tanto, desde el entorno de la ministra rechazan toda idea de conflicto de intereses y argumentan que los bancos están perdiendo en el actual modelo económico. Sin embargo, esto no exime de analizar detenidamente la situación y determinar si la firma del DNU por parte de Mondino constituye una falta ética.

Las ONG dedicadas a la transparencia gubernamental exigen un análisis exhaustivo de esta situación por parte de la Oficina Anticorrupción y hacen hincapié en la importancia de la ética pública en el ámbito político.