Por qué el crimen de Otoño no será juzgado por un jurado popular

Casi 18 años más tarde, el caso de Otoño Uriarte está más cerca de la verdad. Una deuda que tenía la sociedad; una herida abierta sobre la conciencia de todos. El caso ameritaba un juicio por jurados: un crimen agravado por la participación de más de dos personas, por la planificación y alevosía, por haber sido cometido con fines sexuales. Pero no será así. ¿Por qué?

La adolescente fue secuestra el 23 de octubre de 2006 en una calle oscura de Fernández Oro; su cuerpo, oculto atrás de la central hidroeléctrica de El 30, fue hallado el 24 de abril de 2007, cuando se cortó la circulación de agua por el Canal Principal de riego.

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El juicio por jurados, como institución jurídica, llegó mucho después a la provincia. En agosto de 2017 comenzó a implementarse una reforma procesal penal para dar “mayor celeridad y transparencia” a los procesos, introduciendo “las audiencias orales y públicas”. Luego, la ley 5020 introdujo el “juicio por jurados”, que comenzó a implementarse a partir de marzo de 2019.

Otoño Uriarte tenía 16 años cuando fue secuestrada y asesinada. Su familia espera justicia desde 2006. (Foto: archivo).

En ese momento, el Tribunal Superior de Justicia trazó una “línea de corte”: solo los casos producidos e investigados después de marzo de 2019 iban a ser sometidos al juicio por jurados. Los anteriores, debían continuar por el sistema vigente en ese momento. Así lo precisó en los lineamientos fijados en la Resolución N° 4 de ese año.

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La abogada que representa al papá de Otoño, Gabriela Prokopiw, solicitó la inconstitucionalidad de la medida, pero no prosperó. De esa manera, los imputados Ángel Germán Antilaf, José Hiram Jafri, Ricardo Néstor Cau y Maximiliano Manuel Lago llegarán a juicio frente a un tribunal colegiado, integrado por tres jueces técnicos.

La causa está caratulada como privación ilegitima de la libertad agravado por la duración en el tiempo, por la participación de más de tres personas y por haberle provocado la muerte. Ese delito prevé únicamente la pena de prisión perpetua. Comenzará a resolverse en audiencias públicas que se realizarán entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre.