Estafas con viviendas: simulaban “ventas” y se quedaban con los fondos que les adelantaban

Dos hermanos fueron imputados por la fiscalía neuquina de estafas reiteradas contra varias familias, a las que habrían comprometido la construcción de viviendas que nunca se realizaron, y se quedaron con los ahorros de sus víctimas. La maniobra les permitió apoderarse, a valores históricos, de más de 220.000 dólares y 25 millones de pesos, cifras que deberán actualizarse en el momento del juicio. Los procesados no pueden viajar al exterior, deben presentarse mensualmente en la fiscalía y tienen inhibidos sus bienes.

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Las estafas investigadas ocurrieron entre el 1 de noviembre de 2019 y el 9 de septiembre de 2022. Los acusados son dos hermanos, A.N.C y B.R.C, a quienes se les atribuye haber montado una estructura con tres oficinas para atraer clientes. Se trata de Compac Viviendas, que en el plazo de tiempo indicado, tuvo tres sedes: una en J.J. Lastra 1120, otra en Rivadavia 340, y otra en Pampa 355, todas de Neuquén capital. La supuesta empresa ofrecía servicios de construcción en seco, bajo las modalidades de “steel framing” y “Wood framing”.

De acuerdo a la acusación de los fiscales Juan Narvaez y Agustina Jara, los imputados desplegaban una puesta en escena consistente en mostrarle a sus futuros clientes los catálogos de las casas que supuestamente habían construido, así como también las instalaciones de la empresa, en donde las víctimas podían observar materiales de construcción acopiados y gente trabajando.

“Además, los imputados aprovechaban la ocasión para resaltar que estaban construyendo varias casas, que también contaban con oficinas en la ciudad de Bahía Blanca y que pensaban abrir más sucursales en otras localidades de la región”, precisó Narvaez.

Los ficales ampliaron la imputación contra el duo de estafadores y señalaron que durante los tres años lograron embaucar al menos a 14 familias. Foto: gentileza MPF.

“De esta forma, A.N.C y B.R.C generaban confianza en sus clientes a fin de que contrataran con la empresa”, aclaró por su parte Jara, y explicó que era el inicio de la estafa, en la que “les hacían incurrir en el error de pensar que se trataba de una empresa seria, firmaban un contrato y le entregaban dinero”.

Las viviendas nunca se construyeron o, en los casos en los que las obras comenzaron, se estancaron apenas iniciadas. Mediante excusas, los imputados ganaron tiempo hasta levantar las oficinas e interrumpir el contacto con las víctimas.

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La jueza Natalia Pelosso, tuvo por formulados los cargos respecto de B.R.C y reformulados, con nuevos hechos, respecto de A.N.C. También hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía para contrarrestar el riesgo de fuga y para resguardar patrimonio que pueda ser de utilidad para resarcir a las víctimas.

De ese modo, dictó una prórroga de una inhibición general de bienes que ya regía en la investigación, se impuso a los imputados una prohibición para salir del país y presentaciones mensuales ante el Ministerio Público Fiscal.