Caso Otoño: los defensores pidieron la absolución de los cuatro condenados a perpetua

Los defensores de los cuatro condenados a prisión perpetua por el secuestro y muerte de la adolescente Otoño Uriarte, pidieron la absolución de sus defendidos o la declaración de nulidad del juicio y la realización de uno nuevo. Consideraron que el fallo adolece de diferentes fallos, como la arbitrariedad, la inversión de la carga de prueba y la falta de sustentabilidad en pruebas materiales.

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El juicio se realizó en diciembre de 2024, 18 años después de que ocurrieran los hechos en Fernández Oro. El tribunal consideró que Germán Antilaf, Maximiliano Lagos y los hermanos Néstor Cau y José Jafri son penalmente responsables y en una sentencia leída en marzo, los condenó a prisión perpetua.

El Tribunal de Impugnación, presidido por el juez Miguel Cardela e integrado por Carlos Mohammed Mussi y Adrián Zimmerman, dio por presentadas las apelaciones y se tomará 20 días hábiles para analizarlas y definirse.

Los abogados cuestionaron duramente la sentencia condenatoria, destacando “arbitrariedades”, incongruencias y “falsos razonamientos”, que llevan a una “conclusión que nunca podrían haber arribado” si “hubieran considerado la prueba en su totalidad”.

Marcelo Caraballo, representante de Lagos, cuestionó la “valoración arbitraria” de algunos testimonios para sostener una línea argumental, sin reparar en los testigos que los cuestionaban. A su criterio, el ejemplo más evidente fue el de Héctor Candia, quien sostuvo durante el juicio que Lagos se autoincriminó durante una charla que tuvieron, a pesar de las contradicciones que había con la prueba fáctica y con otros testigos.

Los defensores de los condenados cuestionaron "arbitrariedades" y "faltas de lógica" del fallo, y pidieron la absolución de sus defendidos. Foto: Cipo360.

También criticó el argumento de los jueces, quienes señalaron la existencia de “un pacto” entre los cuatro imputados para atacar a la adolescente, “sin señalar tareas, funciones ni presentar pruebas o testigos” de que haya existido ese pacto.

El defensor oficial también cuestionó la pericia odorológica que realizó el veterinario Mario Rosillo. Explicó que según la misma afirmación del profesional, los olores pueden permanecer al aire libre “hasta 72 horas”; y que en un ambiente protegido “pueden durar hasta 60 días” como máximo. Sin embargo, las pruebas que sirvieron para incriminar a los cuatro imputados se hicieron ocho meses más tarde. “No tienen rigor científico”, puntualizó.

Antiguala siguió una línea de razonamiento paralelo y cuestionó la falta de precisiones sobre los lugares donde estaban sus defendidos, Cau y Jafri, la “fundamentación aparente” de la sentencia, la toma de indicios como pruebas y la elección arbitraria de algunos elementos en detrimento de otros.

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Una de las contradicciones que expuso Antiguala fue que se utilizara el elemento de la violencia sexual para justificar el secuestro de Otoño, un tema que no figuraba en la acusación. También denunció que se tomó una supuesta evidencia como “una verdad absoluta”, como la “supuesta presencia” de material genético de Jafri, teoría que “había sido descalificada por la genetista que participó en el caso”.

Precisó que en el estudio mostrado en el juicio se informó que “no se había podido identificar” a alguna persona debido a la degradación que presentaba el material ofrecido.

La historia del caso de Otoño Uriarte

Otoño Uriarte tenía 16 años y era estudiante del CEM 14 de Fernández Oro. Desapareció el 23 de octubre de 2006 cuando volvía caminando a su casa. Su cuerpo fue hallado seis meses después, el 24 de abril de 2007, en un canal de riego de Cipolletti. Desde el comienzo, la investigación judicial estuvo plagada de irregularidades: primero se planteó que podía tratarse de un suicidio, se demoraron las medidas claves, se perdieron pruebas y hasta se extraviaron documentos del expediente.

Tras casi dos décadas sin respuestas, en marzo de 2025, cuatro hombres fueron condenados a prisión perpetua: José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Ricardo Néstor Cau y Ángel Germán Antilaf. El tribunal los encontró culpables de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, aunque no se logró probar un femicidio. El fallo se basó en un conjunto de pruebas indiciarias: testimonios, vínculos previos con la víctima, y peritajes. No hubo una prueba directa, pero el tribunal consideró que la reconstrucción de los hechos alcanzaba para condenar.

La sentencia fue apelada por las defensas y actualmente está siendo revisada por el Tribunal de Impugnación de Río Negro. La abogada querellante fue Gabriela Prokopiw.