Graves irregularidades administrativas en Allen: detectan firma del intendente mientras estaba de vacaciones

Durante la primera semana de enero de 2025, mientras la ciudad de Allen transitaba el habitual receso estival, una situación irregular en el ámbito administrativo local derivó en un llamado de atención institucional con posibles consecuencias judiciales. El intendente Marcelo Román, que se encontraba fuera de la ciudad en uso de licencia, firmó —según consta en los registros oficiales— una resolución durante el período de su ausencia.

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La situación fue advertida por el Tribunal de Cuentas durante una inspección de rutina en el Departamento Ejecutivo Municipal. Al solicitar acceso al libro de resoluciones, los funcionarios del Tribunal fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Benjamín Marín, quien reconoció que el intendente no se hallaba en la ciudad y que él estaba ejerciendo funciones ejecutivas de manera transitoria.

Ante esta declaración, la vocal del Tribunal, María Belén Villar, requirió la documentación correspondiente a la delegación formal de funciones, exigida por la Carta Orgánica Municipal. Sin embargo, desde el Ejecutivo se informó inicialmente que dicha resolución “no se encontraba” y luego se admitió que, en realidad, “no existía”.

Posteriormente, el Ejecutivo intentó subsanar la omisión mediante una resolución aclaratoria, en la que se atribuyó el hecho a un presunto “yerro material”. No obstante, la documentación oficial revela que la resolución original fue firmada con fecha coincidente a la ausencia del intendente, lo que constituye una infracción grave a las normativas vigentes.

Aún más preocupante fue la detección de otra resolución firmada durante ese mismo período, mediante la cual se anuló un concurso de precios para optar por una compra directa. Esta modificación implica una decisión con impacto económico directo, lo que agrava la falta de respaldo legal y pone en cuestión la transparencia del acto administrativo.

El dictamen emitido por el abogado del Tribunal de Cuentas, Dr. Ezequiel Martínez, fue categórico al respecto:

“Nos encontramos frente a un acto administrativo que adolece de una invalidez manifiesta, con elementos principales viciados que son insanables”.

La normativa local es clara: la Carta Orgánica exige la existencia de un acto administrativo formal que delegue funciones en caso de ausencia del jefe comunal, mientras que la Ordenanza 091/94 establece que todo acto con implicancias económicas debe contar con validez formal y trazabilidad administrativa.

En función de lo observado, el Tribunal de Cuentas resolvió aplicar una sanción de 1.000 USAM al intendente Román y recomendó que se evalúe la posible comisión del delito de falsedad ideológica, entre otras tipificaciones penales, por la firma de un acto público sin sustento legal.