El Gobierno neuquino se pronunció tras el operativo policial contra comunidades mapuches

Durante la jornada del domingo, la tensión escaló en la ciudad de Neuquén cuando efectivos de la Policía provincial llevaron a cabo un operativo para desalojar a manifestantes de comunidades mapuches que bloqueaban el acceso principal a Casa de Gobierno. El procedimiento, que resultó en varias personas detenidas, fue ordenado por el Ministerio Público Fiscal tras una serie de hechos que, según el Ejecutivo provincial, comprometieron el normal funcionamiento institucional.

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Según el comunicado oficial del Gobierno de la Provincia del Neuquén, la acción se tomó "luego de reiterados intentos de diálogo" con representantes de cuatro comunidades indígenas, quienes habían ocupado el espacio público, impidiendo el ingreso de empleados, funcionarios y ciudadanos al edificio gubernamental. La medida de protesta incluyó la instalación de carpas, cocinas a leña, baños químicos, animales (como caballos y chivos) y el encadenamiento de personas a las barandas del acceso, bloqueando incluso rampas para personas con discapacidad.

 

 

 

 

 

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Además, el Ejecutivo denunció que en días previos se había producido la ocupación de una oficina pública, lo que calificó como un “hecho de gravedad institucional”. También señaló que los manifestantes exigían personerías jurídicas sin haber cumplido con los requisitos legales establecidos. Las comunidades confirmaron precisamente lo contrario, y que solo faltabba la firma  del gobernador Rolando Figueroa. 

Frente a esa situación, el Ministerio Público Fiscal ordenó el “comisionamiento urgente” de la Policía provincial para preservar el orden público. A los efectivos se les instruyó identificar e intimar a los ocupantes para que desocuparan voluntariamente el lugar en un plazo de dos horas. En caso de resistencia, se autorizó el uso de la fuerza pública, bajo el principio de proporcionalidad y resguardo de la integridad física de los involucrados.

El procedimiento —afirma el Gobierno— se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos, sin registrarse personas heridas. Todas las personas demoradas fueron liberadas una vez constatado que no presentaban lesiones.

No obstante, desde organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionaron duramente la intervención policial, calificándola como un acto de represión y criminalización de la protesta social. También criticaron la falta de voluntad política para dar respuestas concretas a los reclamos históricos de las comunidades originarias.

El origen del conflicto

Hace más de 10 meses las comunidades Mapuches esperan la firma del ejecutivo provincial de Neuquén para validar las personerías jurídicas. Para las comunidades, esta personería representa mucho más que un trámite burocrático. “Es nuestro DNI como pueblo. Nos da identidad jurídica, nos permite defender nuestro territorio, acceder a derechos, incluso pedir un préstamo o gestionar recursos para la comunidad”, señalaron. El reconocimiento formal permitiría también avanzar con el relevamiento territorial, otra deuda histórica del Estado con los pueblos originarios.

Ante la falta de respuesta decidieron acampar en Casa de Gobierno sin  tener  una respuesta formal al reclamo. Los representantes mapuches aseguran que desde la Dirección de Personería Jurídica les confirmaron que los expedientes están en regla y que lo único que falta es la firma del gobernador. “Creemos que es un capricho del gobernador no firmar. Pero estamos contemplados en la Constitución nacional y provincial. Vamos a quedarnos acá hasta que nos den lo que nos corresponde por ley”.  Finalmente este domingo, se los desalojó por la fuerza policial y varios fueron detenidos.