Definen la pena al sujeto que estafó a 40 familias con la venta de terrenos truchos

En los tribunales de Neuquén se está llevando la etapa final del juicio contra Ramiro Fabián Fernández, el sujeto que protagonizó una singular estafa contra unas 40 familias que intentaban adquirir un terreno en Villa La Angostura. El monto de la maniobra superó el millón de dólares, y se realizó a través de una agencia inmobiliaria.

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En la primera etapa del juicio, Fernández se declaró culpable de 36 estafas (34 inmobiliarias y dos financieras); y de tres casos de desbaratamiento de derechos acordados (una figura jurídica similar a la estafa).

El Código Penal establece una pena de entre uno y seis años de prisión para los responsables de estafas y defraudaciones. La fiscalía pidió la conformación de un jurado colegiado, que interviene en aquellos casos en que la sanción que se pedirá es mayor a tres e inferior a 12 años de cárcel. Por eso, se especula que pedirá el máximo de la pena prevista.

Durante esta semana se debatirá el monto de la pena que deberá recibir el imputado. En las primeras dos jornadas se escucharon los testimonios de varios de los afectados, quienes relataron la forma en que se dieron los hechos delictivos.

La fiscalía tuvo la difícil tarea de desentrañar la modadalidad de una estafa compleja por la cantidad de involucrados. Foto: MPF Neuquén.

Las estafas fueron cometidas bajo tres modalidades comisivas, entre agosto de 2017 y diciembre de 2023.

- La primera fue en el ofrecimiento para la venta de unidades funcionales de un loteo, para luego al momento de suscribir los respectivos boletos de compraventa, colocar nomenclaturas catastrales correspondientes a otros lotes que ya habían sido vendidos, llegando a revender un mismo lote en más de oportunidad.

- La segunda modalidad adoptada consistió en plasmar en un boleto de compraventa nomenclaturas catastrales de una unidad funcional inexistente dentro del mismo loteo.

- La tercera fue vender unidades funcionales respecto de las cuales el acusado no era propietario, ni tenía poder conferido a su favor que le permitiese llevar a cabo las operaciones de venta concretadas.

El tribunal colegiado que deberá fijar la pena está integrado por la jueza Vanessa Macedo Font y los jueces Maximiliano Bagnat y Federico Sommer.