Investigan a un juez por acusaciones de abuso sexual, acoso y maltrato

Un nuevo escándalo sacude los cimientos de la justicia argentina, al encontrarse bajo la lupa el juez Alejandro Patricio Maraniello, conocido en la esfera legal como uno de los magistrados más distinguidos del fuero civil y comercial federal. Las acusaciones vertidas sobre él son graves y numerosas, incluyendo abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, gestión ineficaz de los fondos públicos y desacato a las normas del reglamento judicial nacional.

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Los hechos emergen tras la valiente decisión de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) de elevar una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, el cual ha decidido acelerar la investigación. Bajo la presidencia de César Grau, la Comisión de Disciplina se encuentra analizando minuciosamente seis expedientes que comprometen la honorabilidad del acusado. En un movimiento crucial del procedimiento, Maraniello ha sido oficialmente notificado de las acusaciones, otorgándole la chance de defenderse por escrito y de gestionar su defensa legal en un lapso de 20 días.

Un detalle impactante surge del relato de una empleada bajo las órdenes del juez Maraniello. Según su testimonio, apenas transcurrida una semana desde su incorporación laboral, el juez habría comenzado a ejercer presión para concretar encuentros fuera del ámbito de trabajo. La mujer relató que, tras acceder a una salida por temor a perder su empleo, fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, y que terminó accediendo a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.

La víctima sostuvo que los episodios continuaron en el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que la llevó a medicarse y tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral. El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería instar la acción penal.

Pese a ello, la fiscal Mariana Labozzetta demostró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Testigos habrían señalado la existencia de otros episodios similares.

La complejidad del caso se intensifica al ubicarse bajo la jurisdicción de figuras clave en la lucha judicial, encabezadas por la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, responsables de investigar en profundidad las alegaciones y posibles delitos inferidos por el oficial de justicia. La fiscal Mariana Labozzetta se ha pronunciado acerca de la gravedad del caso, insistiendo en la posibilidad de que existan delitos de orden público imputables al magistrado.

Mientras la investigación avanza, y se descubren más declaraciones de testigos que afirman la ocurrencia de eventos similares, el sistema judicial se enfrenta a un serio examen de integridad y confianza hacia uno de sus propios funcionarios. La espera por esclarecimientos y justicia tiñe de incertidumbre el panorama del ámbito judicial, clamando por acciones que restauren la dignidad de quienes se vieron afectados por tan deplorable conducta.