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20/08/2025

Un juez declaró inconstitucional el veto presidencial a la ley de discapacidad: qué significa y qué puede pasar ahora

El fallo de un juez federal de Campana reabrió el debate sobre la vigencia de la ley de discapacidad vetada por el presidente.
Raúl Aliberti, referente de la Comunidad Empoderada Autista, explicó que se trata de un amparo individual que no activa la ley en general. | Foto Daniela Luján para Cipo360
Raúl Aliberti, referente de la Comunidad Empoderada Autista, explicó que se trata de un amparo individual que no activa la ley en general. | Foto Daniela Luján para Cipo360

La discusión en torno a la ley de discapacidad sumó un nuevo capítulo tras la decisión de un juez federal de Campana, que declaró inconstitucional el veto presidencial a la normativa. La medida judicial generó gran repercusión mediática y confusión respecto a su alcance.

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“Hubo un fallo en favor de una familia con dos menores con discapacidad, donde el juez obliga a aplicar la ley para ese caso en particular. Pero no significa que la ley esté vigente para todos”, aclaró Raúl Aliberti, de la Comunidad Empoderada Autista, en diálogo con este medio.

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El referente explicó que se trata de un amparo individual, que aún puede ser apelado, y que no cambia la situación general: “Lo que realmente puede revertir el veto es que la Cámara de Diputados logre los dos tercios necesarios para aprobar la ley. En Senadores ya está garantizado, porque se votó por unanimidad. El desafío está en Diputados, donde la primera votación no alcanzó los 172 votos que exige la Constitución”.

La ley de discapacidad, vetada por el Ejecutivo, plantea una vigencia hasta diciembre de 2027 y busca ser una herramienta de emergencia para garantizar el acceso a prestaciones, controles y auditorías. “Hoy las prestaciones no tienen actualización desde diciembre del año pasado, lo que vuelve antieconómico para los prestadores seguir trabajando. Esto deja a miles de familias en la incertidumbre, pagando de forma privada o directamente quedándose sin cobertura”, advirtió Aliberti.

El futuro de la normativa está en manos del Congreso. De acuerdo con lo que establece la Constitución, el veto debe ser tratado en ambas cámaras dentro de los 30 días posteriores. Si Diputados y Senadores reúnen los dos tercios de los votos y rechazan el veto, la ley queda automáticamente sancionada, sin posibilidad de un nuevo freno presidencial.

“Estamos en un año electoral y eso puede correr la atención de los legisladores. Pero para las familias y las personas con discapacidad, la urgencia es hoy”, subrayó Aliberti.