La Justicia desestimó la denuncia de las comunidades mapuches contra los fiscales por el desalojo

El fiscal del caso Manuel Islas desestimó la denuncia que presentaron representantes de comunidades mapuches contra integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) por el desalojo que se realizó en Casa de Gobierno, en julio pasado.

La resolución implica el archivo de la denuncia por no constituir delito lo planteado. Islas afirmó que el accionar del fiscal del caso Diego Azcárate y del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quienes ordenaron el desalojo en el contexto de un legajo abierto por el delito de coacción y tras la denuncia de la fiscalía de Estado, “resultó legal y ajustado a derecho”.

Lee también: Las comunidades mapuches denunciarán en la Justicia el desalojo de Casa de Gobierno

Indicó que “los fiscales ordenaron una medida menos gravosa, que no requería ningún control de jueces de garantías porque no iba a afectarse ninguna garantía constitucional, sino que la medida apuntaba a identificar a los denunciados e intimarlos a que se vayan del lugar y en caso de desobediencia a esa orden legítima de la autoridad competente, y de manera progresiva, escalonada y razonable utilizar el poder público que legítimamente detenta el Estado a través de la policía provincial, para cumplimentar lo ordenado”.

Según la denuncia, la orden de desalojo debería tener control de un juez o jueza de garantías, a los que Islas respondió que “lo cierto es que no era necesario el control judicial, porque la medida se llevó a cabo en un espacio público y fue ordenada por fiscales penales que son la autoridad judicial competente para llevar adelante investigaciones penales con celeridad y eficacia, aplicando la Ley para restablecer el orden y la paz social”.

Finalmente la denuncia fue archivada por "no constituir delito de abuso de autoridad reiterado porque actuaron razonablemente en uso de sus facultades y deberes legales de manera correcta”

La denuncia también cuestionaba el accionar de la Policía provincial por supuesta “ilegalidad de la ejecución de la orden de desalojo por el uso excesivo, irracional e innecesario y desproporcionado de la fuerza”.

En este sentido, Islas afirmó que “habiendo visto todos los videos obrantes en el legajo, las imágenes del procedimiento, los informes médicos, fotografías aportadas en la denuncia, he de decir, que el personal interviniente actuó en cumplimiento del deber y el legítimo ejercicio de su autoridad, de modo razonablemente proporcional a las circunstancias del caso, con lo cual su actuar no fue antijurídico, sino adecuado a derecho (concebido en su totalidad)”.

Además, remarcó que “más allá de las expresiones y términos de la denuncia cuando se observa el procedimiento policial que intenta cuestionar, se ve claramente que hubo un razonable y proporcional uso de la fuerza pública por parte del personal interviniente que actuó en cumplimiento de una orden legítima emitida por autoridad competente -inobservada por los manifestantes-, en el marco de una caso penal concreto. Incluso varios oficiales resultaron heridos producto de la resistencia a cumplir lo ordenado”.