Una refinería regional entró en concurso de acreedores y su futuro es incierto

La destilería Refi Pampa, ubicada en 25 de mayo, atraviesa un cuadro crítico y de mucha incertidumbre. Este mes no pudo abonar intereses ni amortización de la Obligación Negociable que tomó hace tres años para la ampliación de la planta ubicada sobre el río Colorado. A principios de septiembre realizó la presentación para realizar un concurso de acreedores. Además, la Agencia de Recaudación le trabó embargos a todas las cuentas.

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La demora en el pago de la ON puso a Refi Pampa en situación de “default”, lo que agravó la calificación de su deuda por parte de Moody, una de las certificadoras más importantes del mercado. La “D” con la que anotó la deuda que tiene la empresa implica su evaluación de una “calidad crediticia más débil de toda la escala”, que “suelen estar en incumplimiento” y “con muy bajas perspectivas de recuperación”.

La crisis del mercado interno ha retraído la capacidad de operación de la destilería: según Moody, es la causa de la caída del 25 % de su producción en el primer trimestre del año. Y dadas “las dificultades financieras que atraviesa, la compañía redujo considerablemente el nivel de procesamiento de crudo en el segundo semestre de 2025”.

El grupo Kalpa también es propietario de la red de estaciones de servicio "Voy con energía". Foto: archivo.

Refi Pampa es una sociedad mixta: el 80 % de su paquete accionario pertenece al Kalpa Group, y el 20 % restante a Pampetrol, la empresa petrolera estatal de la provincia de La Pampa.

El grupo Kalpa se presenta como una compañía integrada en forma vertical, operando en los sectores de explotación, refinamiento y comercialización de hidrocarburos. Este último tramo lo realiza a través de la red de estaciones de servicio “Voy con energía”, que cuenta con varias bocas en la región (Cipolletti, Roca, Catriel y 25 de mayo). También opera la refinería Fox, en Senillosa.

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Refi Pampa emplea a más de 70 personas y concentra la mayor parte de sus ventas en el canal mayorista, que representa entre el 70% y 80% de sus ingresos. La compañía había invertido unos 23 millones de dólares en infraestructura y logística, entre ellas la Planta de Almacenamiento Junín, pero la recesión local y la suba de costos en dólares achicaron sus márgenes.

El 3 de septiembre presentó ante la Justicia un pedido de concurso preventivo con el objetivo de sostener la operación y los empleos. La decisión estuvo vinculada a embargos dispuestos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que afectaron todas sus cuentas bancarias en el marco de tres procesos judiciales, uno de ellos con sentencia firme por más de 5.493 millones de pesos.