Turistas varados en Europa: la justicia imputó a los dueños de la agencia

Una mujer y su hermano fueron imputados en Cipolletti por su presunta participación en una serie de maniobras de estafa cometidas entre 2023 y 2024 bajo la fachada de una agencia de viajes denominada Live Up Trips. Según la fiscalía, ofrecían paquetes turísticos internacionales y programas de estudio en el exterior que finalmente no se concretaban, lo que obligó a las víctimas a afrontar gastos extraordinarios para regresar a la Argentina.

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La investigación se inició a partir de las denuncias de cuatro personas que pagaron importantes sumas en dólares y libras esterlinas por viajes a Europa. En uno de los casos, una familia de Villa Regina abonó 44.460 dólares por un paquete que incluía recorridos por varias ciudades europeas y descubrió en destino que no existían los pasajes de regreso ni los servicios contratados. Otra víctima de la misma localidad entregó 5.500 libras esterlinas por un viaje similar y debió costear su retorno.

Las otras dos denuncias corresponden a mujeres que pagaron entre 1.500 dólares y 6.000 libras por programas de estudio y turismo en Edimburgo, París, Londres y Nápoles. En todos los casos, los servicios pactados eran inexistentes y los damnificados quedaron varados en Europa.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los acusados utilizaban como pantalla la empresa Live Up Trips, vinculada a una firma de cursos de inglés en Catriel y a otra radicada en Edimburgo, Escocia. Uno de ellos cumplía el rol de cobrador —recibiendo pagos en efectivo, transferencias y plataformas online— mientras que la mujer se encargaba de la operatoria comercial.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal jefe presentó documentación que respalda la acusación, incluyendo itinerarios de viaje, folletos publicitarios, recibos de pago, conversaciones por mensajería instantánea y correos electrónicos, así como facturas emitidas con membretes de empresas extranjeras y datos de cuentas bancarias en Escocia. También se incorporó un acta notarial confeccionada en Edimburgo que reconocía deudas millonarias y compromisos de cobertura de gastos.

La jueza de Garantías aceptó la formulación de cargos y dispuso medidas cautelares: inhibición general de bienes, caución real por 70.000 dólares, prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría más cercana durante un año. Además, la mujer tiene prohibido cualquier tipo de contacto con las víctimas mientras dure la investigación.

La causa continúa en etapa de investigación y la fiscalía trabaja en el análisis de movimientos financieros y habilitaciones comerciales para determinar el alcance total del perjuicio económico.