Desalojo en el predio "El Edén": hay dos imputados por resistencia a la autoridad y agresiones a personal policial

Este miércoles, tras el desalojo en el predio "El Edén" por tratarse de loteos ilegales, se realizó la formulación de cargos a un hombre y una mujer, detenidos en el lugar por "resistencia a la autoridad" y agresiones a personal policial. Indicaron que han quedado sujetos a la investigación, que se extenderá por cuatro meses.

Lee también: Loteo ilegal desalojado: la Municipalidad asegura que se mantendrá la clausura para evitar nuevas construcciones

El procedimiento se realizó el martes en horas de la mañana en el predio ubicado sobre la calle rural Siete Granaderos, entre Ruta Provincial 65 y Ruta Nacional 22. Explicaron que fue ordenado por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Cipolletti en el marco de un expediente por infracciones a las normativas de obras y construcciones.

La Fiscalía comentó en la audiencia que el procedimiento fue iniciado por las autoridades municipales con el apoyo de la fuerza pública, con el objetivo de proceder a la ejecución de una orden de desalojo y demolición.

Además fuentes municipales adelantaron que la resolución dispuso la clausura del inmueble y ordenó que se garantice la prohibición de ingreso de personas, materiales y maquinaria, con el fin de asegurar la ejecución de la medida y evitar nuevas ocupaciones.

Sin embargo, según relataron, una vez comenzado el procedimiento, cerca de las 07:24, algunas personas presentes en el lugar, entre ellos el hombre y la mujer detenidos, intentaron impedir la acción de las autoridades.

Según la acusación fiscal, estos individuos trataron de detener la medida, permaneciendo en el ingreso del predio y obstaculizando la tarea de las máquinas municipales. La parte acusatoria detalló que el imputado habría agredido verbalmente al Comisario Jefe de la Unidad Regional V, y también habría intentado empujarlo. Por su parte, la mujer imputada intentó evitar la detención del hombre, y en ese intento, habría propinado golpes de puño a un oficial que estaba desempeñándose en el operativo.

La Fiscalía calificó estas acciones como resistencia contra la autoridad. Por su parte, el abogado particular a cargo de la defensa argumentó que el procedimiento fue irregular y que existieron violaciones a la propiedad privada.

La jueza de Garantías dio por formulado los hechos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Las dos personas imputadas recuperaron su libertad tras la audiencia, ya que la fiscalía no solicitó su detención indicando que se demostró su arraigo en los domicilios fijados.