IPROSS desmintió las acusaciones de Eduardo Borgis y aclaró la situación de las prestaciones por discapacidad

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) rechazó las afirmaciones realizadas por Eduardo Borgis, quien denunció públicamente supuestos actos de discriminación, persecución y falta de cobertura en prestaciones vinculadas a discapacidad. Según el organismo, esas declaraciones “no se corresponden con la realidad” y generan “preocupación innecesaria” entre afiliados que reciben este tipo de servicios.

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Desde IPROSS explicaron que todas las prestaciones por discapacidad continúan garantizadas conforme a la normativa vigente y que los procesos de auditoría, autorización y renovación forman parte de los circuitos habituales del sistema. “Auditar documentación y validar indicaciones médicas no es un acto arbitrario, sino un deber funcional que protege a los afiliados y resguarda la calidad prestacional”, remarcaron.

El Instituto brindó detalles sobre los casos mencionados por Borgis. En el de una afiliada menor de edad, señaló que se emitieron dictámenes para los períodos enero-junio y julio-septiembre de 2025, con todas las prestaciones autorizadas. Una vez vencida esa última fecha, la continuidad dependía de la renovación administrativa, trámite que según se indicó, recién comenzó a gestionarse el 9 de diciembre. “La situación invocada no obedece a una decisión arbitraria, sino a que la documentación no fue presentada en tiempo y forma”,.

En cuanto al caso de una afiliada adulta, IPROSS indicó que las observaciones realizadas responden a requerimientos técnicos habituales, como la actualización de documentación clínica y la validación del plan terapéutico.

“La falta de un dictamen vigente no implica rechazo, sino la necesidad de completar la renovación para evaluar y autorizar conforme a los circuitos establecidos”, aclararon y también recordaron que planteos similares ya fueron judicializados y que la Justicia falló a favor del Instituto en varias oportunidades.

Además, el organismo confirmó que el viernes 5 de diciembre presentó una denuncia penal contra Borgis por presunto fraude agravado en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentación en el marco de una investigación interna que detectó un esquema presuntamente sistemático desde 2016. El perjuicio estimado supera los 183 millones de pesos .

IPROSS afirmó que seguirá actuando “conforme a la legalidad, los criterios técnicos y las auditorías obligatorias que resguardan la integridad del sistema”, y lamentó que se intente convertir una cuestión administrativa en un conflicto público con fines políticos. “La salud (y en particular la discapacidad) exige responsabilidad: no puede ser utilizada para construir relatos convenientes ni para obtener ventajas mediante presión mediática”, concluyeron.