Una jefa narco continuará en prisión: está acusada de ordenar el asesinato de la fiscal que la investigaba

La jefa de una poderosa banda de narcotraficantes continuará en prisión preventiva al menos hasta 15 de febrero próximo. Suyai Contreras está imputada por la instigación del homicidio de Javier Charpentier, un empleado de la municipalidad de Plaza Huincul; y por organizar un atentado contra la fiscal que la estaba investigando, Mayra Febrer.

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El fiscal jefe Gastón Liotard solicitó que se mantenga la prisión preventiva de la mujer hasta el 15 de febrero de 2026, al considerar que los riesgos procesales que motivaron su detención no solo persisten, sino que se han agravado con el avance de las investigaciones y las nuevas circunstancias del caso.

Contreras está imputada en cuatro hechos: el homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de instigadora; otro por tráfico y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como organizadora; por abuso de armas y la organización de un plan para asesinar a la fiscal.

El asesinato de Charpentier se produjo el 8 de febrero de 2024. Según la acusación fiscal, ella fue quien dio la orden para que Matías Emiliano Díaz y Alberto Alejandro Pérez ejecutaran al hombre, que se desempeñaba como chofer de Servicios Públicos en Plaza Huincul.

Contreras está sindicada como una de las responsables de una red narco en la región. Foto: Policía de Neuquén.

Díaz fue el responsable directo del ataque: ejecutó al hombre de siete balazos realizados con una pistola 9 mm.

La responsable de llevar adelante esa investigación era precisamente la fiscal Mayra Febrer; y mientras estaba en prisión preventiva, Contreras planificó darle muerte.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, la acusada se contactó con terceros y les encargó ejecutar el homicidio de la fiscal.  Para facilitar la comisión del hecho una ametralladora; una camioneta Ford Ranger  y una importante suma de dinero.

Los fiscales Liotard y Blanco recordaron que desde la primera solicitud de cautelares, el 13 de junio, se acreditó una expectativa de pena alta, una solvencia económica significativa vinculada a movimientos de dinero y bienes, y la ausencia de arraigo laboral, factores que, en conjunto, reforzaban el peligro de fuga.

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Ahora se suman otros antecedentes: una condena federal reciente dictada contra por infracción a la ley de estupefacientes y el producto de análisis de teléfonos celulares, que dan cuenta de maniobras de organización y distribución de droga en volúmenes relevantes.

En cuanto al riesgo de entorpecimiento, el fiscal jefe reiteró que en libertad la imputada podría influir sobre testigos, intervenir en la coordinación de actividades ilícitas o afectar el desarrollo del juicio. “Los fundamentos que dieron lugar a la prisión preventiva no solo se mantienen: hoy son más sólidos”, indicó Liotard. 

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz convalidó el pedido del MPF y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses.