La Justicia investiga el destino de USD 40 millones de premios del Mundial

En un acontecimiento que ha capturado la atención pública, la Justicia ha iniciado una investigación para determinar el destino exacto de 40 millones de dólares entregados como premios a la Selección Argentina, tras su victoria en el Mundial de Qatar 2022. La controversia se centra en si la transferencia de fondos por parte de la FIFA y la Conmebol ha llegado correctamente a su destino o si hubo irregularidades.

El informe presentado por la señal televisiva TN sugirió que la suma en cuestión, compuesta por 30 millones de dólares provenientes de la FIFA y 10 millones más de la Conmebol, fue transferida directamente al extranjero a través de empresas asociadas al empresario Javier Faroni. Este hecho ha despertado sospechas porque estos movimientos financieros no se reflejan en los estados contables y las memorias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Durante el programa conducido por el periodista Jony Viale, se mencionó que estos pagos se habrían llevado a cabo en febrero de 2023, un período en el cual la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el conocido "dólar blue" alcanzaba niveles del 100%. Frente a tales circunstancias, existe la posibilidad de que los jugadores de la Selección hayan recibido sus pagos en pesos, pero calculados al tipo de cambio oficial, quedando los dólares en cuentas internacionales, lo cual habría resultado en una considerable ganancia cambiaria.

Entre tanto, en los círculos financieros de Buenos Aires, se extendió el rumor de que el gobierno brindaba a ciertos agentes la posibilidad de acceder al dólar a precios preferenciales. Como una señal de la tensión creciente, varios funcionarios prominentes de ese tiempo, mencionados indirectamente en las conversaciones, se han retirado discreta y repentinamente de la mirada pública.

Este tema no solo ha desatado un intenso debate sobre la transparencia al interior de las instituciones deportivas argentinas, sino que también enfatiza la necesidad de que las regulaciones financieras sean robustamente reforzadas para impedir situaciones similares en el futuro. Hasta el momento, las partes implicadas no han emitido declaraciones formales, mientras que la comunidad se mantiene a la expectativa del avance de las investigaciones.