El Parlamento europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió a la Justicia

El Parlamento Europeo tomó una decisión crucial al remitir el reciente acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este acuerdo, firmado en Paraguay, fue el punto central de un debate candente que terminó con 334 votos a favor de la moción y 324 en contra.

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La acción parlamentaria busca esclarecer la compatibilidad del pacto con los tratados comunitarios existentes, generando un precedente importante en la política comercial europea.
En Estrasburgo, la disyuntiva fue tan reñida que varios eurodiputados anticiparon la estrechez del resultado. Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, se mostró crítico de las preocupaciones parlamentarias expresadas en esta moción.

Sin embargo, resaltó que esto no detiene al ejecutivo europeo de aplicar el acuerdo provisionalmente, una cuestión que divide a quienes ven en el pacto una oportunidad frente a aquellos que temen una pérdida de autonomía regulatoria por parte de la UE.
Este desacuerdo transmite un mensaje que puede llevarse a las reuniones de alto nivel de la Unión Europea. Se prevé que los jefes de Estado y de Gobierno abordarán el tema al unísono este jueves durante una cumbre convocada principalmente para discutir relaciones transatlánticas.

Mientras tanto, Gill subrayó la importancia de comunicarse fluidamente con los miembros del Parlamento para explicar los beneficios potenciales del acuerdo, crucial tanto para la economía de la unión como para el fortalecimiento de su posición geopolítica mundial. Una de las evaluaciones bajo escrutinio en este proceso es el peligro potencial del mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo, visto por algunos diputados como una amenaza a la autoridad regulativa del bloque.

Además, la base legal del tratado ha planteado preguntas ya que podría saltarse el visto bueno necesario de los parlamentos nacionales para ratificar los capítulos comerciales del convenio. Francia se erigió como el máximo detractor frente a este acuerdo, respaldando la resolución del Parlamento Europeo.

La postura fue bien recibida entre los agricultores franceses, quienes consideran que el tratado puede ser perjudicial para sus industrias. Por otro lado, el TJUE tomará hasta 24 meses para rendir su veredicto sobre la legalidad del tratado, administrando discrecionalmente los tiempos conforme a las demandas existentes en la región.