Comenzó el juicio contra el exintendente Reggioni en la causa Techo Digno

En la sala de audiencias de Tribunales comenzó uno de los juicios que se siguen en la mega causa Techo Digno. En este caso, en la versión Fernández Oro: el exintendente Juan Reggioni está acusado de administración fraudulenta y peculado; mientras que el titular de la constructora Eraiki, Néstor Sarasola, está imputado de administración fraudulenta como partícipe necesario.

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Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y diciembre de 2015, cuando el municipio de Fernández Oro recibió más de 18 millones de pesos provenientes del Programa Federal Techo Digno para la construcción de 50 viviendas.

Según la acusación formulada por el fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, una parte de esos fondos fue administrada en forma irregular y destinada a pagos indebidos a la empresa Eraiki S.A., representada por el empresario Sarasola, sin la debida certificación de avance de obra. Se indicó que se abonó el 30,12 % del contrato cuando el avance real, constatado posteriormente por inspecciones provinciales, no superaba el 27,68 %. Esta diferencia representaría un sobrepago estimado en más de 83 millones de pesos actualizados. Asimismo, se investiga el desvío de más de 8 millones de pesos a obras no previstas en el convenio original y transferencias a otras cuentas municipales, lo que configura el segundo hecho imputado como peculado.

La causa Techo Digno - Fernández Oro continuará hasta el miércoles, cuando se pronunciarán los alegatos finales. Foto: Gentileza Prensa MPF.

“Vamos a demostrar las irregularidades que hubo y que (el mandatario) debería haber actuado de otra manera. Además, hacerle saber al pueblo de Fernández Oro que desde Nación se remitió la totalidad de los fondos”, indicó el fiscal.

Añadió que esta administración fraudulenta conlleva que el empresario, también imputado, recibiera sobrepagos. “Cuando hay una obra pública la forma del pago está establecida en la ley, y el constructor que acepta sabe cuáles son las reglas a cumplir. Sarasola sabía que se estaba ejecutando de manera irregular la obra y que recibía más de lo que debían según la ley y, de todas formas, participó”, explicó.

Los defensores particulares indicaron en sus alegatos que no existió dolo y que el dinero que recibió el Municipio no fue fugado de las arcas municipales. El defensor del empresario afirmó que la diferencia entre el dinero recibido y el avance de la obra fue mínimo y cuestionó la fórmula utilizada para la mediación y evaluación, mientras que el abogado del exjefe comunal dijo que su defendido actuó bajo la normativa aprobada por el Concejo Deliberante. 

Cómo continúa el debate

La cantidad de testigos convocados durante todo el debate suman 28 y está previsto que finalice el miércoles 11 de febrero con los alegatos de clausura. Entre los testigos requeridos por la Fiscalía se encuentran un ex intendente de Fernández Oro, personal del IPPV, funcionarios municipales, ingenieros, contadores y arquitectos.