Compensación económica tras el divorcio: la Justicia evaluó el “antes y después” de una pareja de Cipolletti

La historia de la pareja comenzó mucho antes del expediente judicial. Ambos profesionales, radicados en Cipolletti, se casaron en 2003 y formaron una familia con dos hijas e hijos. Con el paso del tiempo, la organización cotidiana —entre horarios escolares, tareas domésticas y compromisos laborales— fue marcando roles diferenciados que, según se discutió luego en sede judicial, impactaron de manera desigual en el desarrollo profesional de cada uno.

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El divorcio se dictó en 2023 y, tiempo después, la mujer inició una demanda de compensación económica. En su presentación sostuvo que durante la convivencia asumió principalmente las tareas de cuidado del hogar y de las hijas e hijos, lo que condicionó su carrera profesional. También afirmó que la administración del dinero estaba centralizada en su ex cónyuge y que, tras la separación, enfrentó dificultades para recuperar autonomía económica y resolver su situación habitacional.

La otra parte planteó que el tema ya había sido abordado en una instancia de mediación y argumentó la existencia de cosa juzgada. Sin embargo, el proceso continuó: se realizó una audiencia preliminar sin acuerdo y luego se avanzó hacia la etapa probatoria.

Durante esa instancia se incorporaron informes bancarios, registros profesionales, documentación de instituciones de salud, informes sociales y declaraciones testimoniales. A partir de esas pruebas, la sentencia reconstruyó dos versiones sobre la dinámica familiar: por un lado, la mujer afirmó que adecuó su trabajo a las necesidades del hogar; por el otro, el ex cónyuge sostuvo que siempre existieron recursos y acompañamiento para sostener la vida cotidiana.

Uno de los puntos relevantes fue la atención de una de las hijas durante una enfermedad grave. Según el relato de la mujer, ese período implicó suspender gran parte de su actividad laboral para acompañar tratamientos y estadías fuera de la provincia. El hombre reconoció esos viajes y visitas, aunque señaló que se ocupó del sostén económico del hogar y del cuidado de la otra hija o hijo que continuó su escolaridad en la región. El juzgado consideró este contexto como parte del análisis del “desequilibrio manifiesto” previsto en la normativa vigente.

La organización financiera de la pareja también fue analizada. Informes incorporados al expediente describieron cuentas bancarias, cotitularidades y movimientos, elementos que permitieron evaluar cómo se administraron los ingresos durante la convivencia y cuáles fueron las consecuencias tras la ruptura.

El fallo también incluyó una comparación concreta de las condiciones de vida posteriores al divorcio. Un informe social describió, por un lado, el uso exclusivo de la vivienda que había funcionado como hogar conyugal, de mayores dimensiones y equipamiento. Por otro, detalló la situación de la mujer en un departamento alquilado más pequeño, con muebles aportados por familiares y mayores limitaciones materiales. Esa diferencia fue considerada dentro del cuadro general del caso.

Finalmente, la jueza resolvió hacer lugar al pedido y ordenó el pago de una compensación económica de 20 millones de pesos en una sola prestación, con intereses calculados según la doctrina del Superior Tribunal de Justicia. La sentencia es de primera instancia y no se encuentra firme, ya que puede ser apelada.