El Gobierno prepara un bono para saldar la deuda por obras públicas que tiene con las constructoras

El Gobierno nacional está preparando un novedoso mecanismo financiero para cubrir la deuda acumulada de obras públicas, que tiene con las empresas del sector de la construcción. Tras casi dos años de ajuste presupuestario y endeudamiento con constructoras, se ha confirmado por fuentes tanto privadas como oficiales que el plan es la emisión de un bono que cancelará obligaciones pendientes entre diciembre del 2023 y diciembre de 2025.

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Ante la crisis de financiamiento por la que atraviesan las constructoras, el Gobierno decidió tomar medidas concretas para aliviar la situación. Este bono, cuya emisión está prevista para cubrir un monto estimado en USD 200 millones, está especialmente orientado a deudas derivadas de proyectos viales y ferroviarios.

El anuncio, aunque todavía sin todos los detalles técnicos revelados, ha sido bienvenido entre los empresarios, quienes, no obstante, esperan mantener un diálogo firme con el gobierno para discutir las condiciones de actualización de la deuda y posibles deducciones al valor nominal del bono.

Curiosamente, el sector de las obras hídricas parece recibir un diferente tratamiento: se pagaría al contado, mientras que las de viviendas han sido derivadas a provincias, señalando una estrategia diferenciada en la administración de recursos gubernamentales. Esta situación resalta un largo historial de atraso en los pagos por parte del sector público, especialmente problemático desde que Javier Milei asumió el gobierno y decidió pausar la apertura de nuevos proyectos.

Con la intención de impulsar la reactivación económica y proporcionar liquidez a las empresas para financiar otras obras, el Ejecutivo se ha mostrado comprometido a continuar licitando concesiones de rutas. De hecho, ya ha comenzado un proceso para ofertar 9,000 kilómetros de rutas esenciales, prometiendo extenderse en otro proyecto que implica 6,000 kilómetros adicionales. Estas iniciativas, según cifras gubernamentales, responderán al 80% del tránsito poblacional del país, y se espera se financien mediante inversión privada. Además, se revisan estrategias para reanudar proyectos relacionados con vivienda, que son un importante motor laboral.

No pasó desapercibida la reciente celebración de la Cámara Argentina de la Construcción al alcanzar sus 90 años de existencia. Durante los eventos, realizados en el majestuoso Teatro Colón, se reunieron figuras de la política y del ámbito empresarial, donde resaltaron conversaciones sobre la urgencia y necesidad de mantener la obra pública en pie. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara, señaló que el sector ha perdido aproximadamente 120,000 empleos y que resulta crucial sortear desafíos económicos con un gobierno que ofrezca predictibilidad.

Curiosamente, aunque las estadísticas oficiales reportadas por el Indec reflejan un crecimiento del 6.3% de la actividad del sector durante 2025 en comparación con 2024, datos elaborados por el Grupo Construya indican que el año 2026 comenzó con una caída en la demanda de materiales básicos para la construcción, los cuales suelen ser indicadores previos del desarrollo de obras en curso.