Enganchados VIP: fueron denunciados penalmente y piden allanamientos en barrios cerrados

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) de Neuquén dio un paso clave en su ofensiva contra el fraude eléctrico al presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, luego de detectar conexiones ilegales en barrios cerrados de alto nivel económico.

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Lo que comenzó como un operativo técnico de control en urbanizaciones exclusivas derivó en una investigación judicial que apunta directamente a propietarios y ocupantes de viviendas donde se habrían instalado sistemas clandestinos para eludir el pago del servicio eléctrico.

Según se informó, la presentación fue realizada por el apoderado legal de la cooperativa, quien además solicitó que CALF sea tenida como parte querellante en la causa. De manera preliminar, los hechos encuadran en los delitos de hurto y robo, contemplados en los artículos 162 y 164 del Código Penal.

Desde la entidad detallaron que las maniobras detectadas no dejan lugar a dudas sobre su intencionalidad. “No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de evitar el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos”, señalaron desde el equipo jurídico. Entre las irregularidades se identificaron conexiones subterráneas directas y sistemas de bypass que anulaban el registro de los medidores.

Ante la complejidad del esquema, CALF solicitó al Juez de Garantías órdenes de allanamiento para al menos cinco propiedades ubicadas en algunos de los sectores más exclusivos de la ciudad. El objetivo es poder inspeccionar el interior de las viviendas, verificar los consumos reales y reunir pruebas que permitan determinar responsabilidades penales.

La ofensiva judicial tiene cuatro ejes centrales: poner fin a la impunidad en el uso ilegal de energía, identificar a los responsables, constatar los equipos de alto consumo abastecidos de forma irregular —como sistemas de climatización, piscinas climatizadas o riego automatizado— y advertir sobre los riesgos que estas conexiones generan en términos de seguridad pública, incluyendo posibles incendios o fallas en la red.

Desde la conducción de la cooperativa fueron contundentes al justificar la medida. “La energía que unos pocos sustraen la terminan pagando los usuarios que cumplen con sus facturas. No vamos a permitir que la exclusividad de un barrio sea un escudo para la ilegalidad”, afirmaron.

Si bien en primera instancia desde CALF mencionaron que este tipo de robo lo habían detectado en el barrio privado La Zagala, confirmaron que no fue solo en ese barrio, sino que en otros loteos cerrados también.

Mientras avanza la causa, CALF confirmó que continuará aportando pruebas técnicas, actas y registros fotográficos al fiscal interviniente. En paralelo, los operativos de control se extenderán a otros sectores de la ciudad, en el marco de un plan que busca garantizar equidad en el acceso y pago del servicio eléctrico.