Estafas con la venta de terrenos: una mujer fue condenada por su participación en 63 hechos

La causa por la estafa realizada con la venta de terrenos en Neuquén va llegando a su etapa de definiciones. Miriam Claudia Alejandra Godoy reconoció su responsabilidad en la maniobra que perjudicó a 63 vecinos de la localidad, que estuvieron pagando cuotas por terrenos e infraestructura que nunca habían estado en su poder. El perjuicio económico fue estimado en más de 61,9 millones de pesos y 13.450 dólares, sin que las víctimas recibieran contraprestación alguna

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Hubo un “acuerdo parcial” de juicio abreviado: la imputada aceptó los cargos, se saltea la etapa del juicio y se pasa directamente a la audiencia de cesura, en la que el tribunal colegiado evaluará la pena que deberá cumplir. En esta causa ya existe una persona condenada: el presidente de la cooperativa, Mario Osvaldo del Río, quien cumple una pena de tres años de prisión.

Miriam Godoy estaba imputada como coautora del delito de estafa reiterada en 63 hechos. Admitió su participación en la maniobra, renunció al juicio oral en esta etapa y aceptó su responsabilidad penal, lo que permitió avanzar directamente hacia la instancia de determinación de la pena.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre 2016 y julio de 2022, cuando Godoy actuó junto a Del Río —ya condenado— en una maniobra destinada a captar personas interesadas en adquirir lotes en la meseta de Neuquén. Utilizando la estructura y el nombre de la cooperativa, inducían a error a las víctimas para que realizaran pagos por terrenos que nunca fueron adjudicados.

Según se expuso en la audiencia, el mecanismo consistía en desviar los pagos que debían realizarse a la empresa desarrolladora hacia cuentas bajo control de los imputados, además de utilizar documentación informal o inválida para simular operaciones legítimas. La investigación determinó que 63 familias resultaron damnificadas.

El perjuicio económico fue estimado en más de $61,9 millones y 13.450 dólares, sin que las víctimas recibieran contraprestación alguna. Entre las pruebas valoradas se incluyeron testimonios de damnificados, documentación contractual, pericias contables, caligráficas e informáticas, además de registros de comunicaciones que evidenciaron la coordinación de la maniobra y el desvío de fondos para fines personales.