El STJ deberá intervenir en el conflicto entre el intendente suspendido de Allen y el Concejo Deliberante

El conflicto institucional que se abrió en Allen por la suspensión del intendente Marcelo Román (LLA) sumó un nuevo capítulo judicial. El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, dictaminó que el planteo presentado por el jefe comunal debe tramitar como un conflicto de poderes entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, por lo que entendió que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) es el órgano que debe intervenir para resolver la controversia.

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El dictamen no resuelve el planteo presentado por Román ni deja sin efecto su suspensión. Se trata de una opinión jurídica que ahora deberá ser analizada por el STJ, que tendrá la última palabra sobre el conflicto institucional.

Cómo se llegó a esta instancia

La disputa comenzó el 8 de julio, cuando el Concejo Deliberante resolvió suspender preventivamente a Marcelo Román, intendente de La Libertad Avanza (LLA), luego de que la Justicia tuviera por formulados los cargos en la causa penal que lo investiga por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen y tiene como eje la compra de un teléfono celular Samsung A34 con fondos municipales.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el equipo fue adquirido por el Municipio, la línea telefónica continuó siendo abonada con recursos públicos y el dispositivo era utilizado por el empresario Sebastián Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo dentro de la estructura municipal. Sobre esa hipótesis, la Fiscalía sostuvo que se produjo un uso irregular de bienes del Estado y pidió la formulación de cargos contra Román y contra Ocampo, acusado como partícipe necesario.

El 18 de junio, la jueza Natalia González tuvo por formulados los cargos contra ambos, rechazó los planteos de las defensas para excluir pruebas consideradas relevantes por la Fiscalía y otorgó un plazo de dos meses para que continúe la investigación. Esa resolución fue la que luego dio lugar a la suspensión preventiva dispuesta por el Concejo Deliberante.

Después de esa decisión, Román acudió al Superior Tribunal de Justicia al sostener que el Concejo Deliberante se excedió en sus facultades al suspenderlo y designar al presidente del cuerpo legislativo al frente del Ejecutivo.

Qué dice el dictamen

En el Dictamen N.º 98/26, el Procurador General concluyó que la presentación realizada por Román reúne los requisitos para ser tratada como un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo de Allen.

Crespo entendió que corresponde al Superior Tribunal de Justicia intervenir para resolver esa controversia institucional y sostuvo que esa vía no impide que el máximo tribunal también analice la constitucionalidad de las normas cuestionadas, si durante el trámite considera que existe una posible contradicción con la Constitución Provincial.

El análisis del Ministerio Público también incorporó la presentación realizada por Román luego de que el Concejo Deliberante rechazara recibir el veto que el intendente intentó presentar contra la ordenanza que dispuso su suspensión.

Cómo sigue la causa

El dictamen del Procurador General no es vinculante, por lo que la decisión final quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia.

Días atrás, el STJ ya había rechazado la medida cautelar presentada por Román para frenar su suspensión, aunque al mismo tiempo habilitó la feria judicial de invierno para imprimirle celeridad al tratamiento del expediente.

Mientras tanto, la suspensión preventiva continúa vigente. De acuerdo con la Ordenanza N.º 44/2026, Román deberá dejar efectivamente el cargo este viernes 24, cuando se cumpla el plazo previsto para hacer efectiva la medida. Desde ese momento, el Ejecutivo municipal quedará a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, hasta que exista una definición judicial sobre el conflicto.