El Gobierno recibió dos ofertas para privatizar AySA: espera obtener US$500 millones

En un importante progreso hacia la reestructuración de los servicios de agua potable y saneamiento en Argentina, el Gobierno ha confirmado que el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) está en marcha. Este martes, se llevó a cabo la esperada apertura de sobres con las propuestas de los grupos empresariales que desean adquirir el 90% del paquete accionario de la empresa público-privada.

La plataforma Contrat.Ar detalló que, de un total de 17 compañías interesadas, solo dos han avanzado a esta fase crucial del proceso. Las propuestas presentadas serán objeto de un riguroso análisis por parte de la comisión de evaluación. Esta evaluación se realizará bajo los estrictos criterios establecidos en el pliego licitatorio.

Cumplidos los requisitos iniciales, estas empresas podrán efectuar su oferta económica definitiva. La compañía que ofrezca el mayor capital se convertirá en la nueva gestora de AySA. Las dos conglomerados que han alcanzado esta etapa son el consorcio encabezado por Rowing S.A. y el grupo Roggio ROAS S.A.U.

Inicialmente programada para fines de agosto, la apertura de los sobres fue reprogramada debido a solicitudes de algunas empresas que requerían un plazo adicional para cumplir con la amplia documentación necesaria.

El atractivo económico que convierte a AySA en un botín apetecible no se limita a sus actuales operaciones urbanas. De hecho, el futuro operador de la compañía deberá comprometerse a implementar inversiones que superen los 2 mil millones de dólares en un lapso de cinco años. Según el Ministro de Economía, Luis Caputo, esta inversión está destinada a ampliar la cobertura de servicio y mejorar la calidad ofrecida a los usuarios.

Con errores del pasado contemplados, el Gobierno había ratificado ya en abril del presente año los contratos de concesión a una vigencia de 30 años, con la opción de una prolongación de una década extra. En el ínterin, se planea lanzar una Oferta Pública Inicial (OPI), lo que implica una primera onda de privatización del 51% actual en manos del Estado y una colocación futura del 39% de las acciones en el mercado de valores. El 10% restante se reservará a los empleados de la empresa.

Esta privatización se presenta no como un mero negocio, sino como un paso clave en la modernización de la infraestructura de servicios esenciales para millones de ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios periferia del conurbano bonaerense, abarcando estrategicamente desde La Matanza hasta Morón.