El Gobierno nacional eliminó más de 72 mil empleos públicos en casi tres años

Del total de bajas acumuladas, 49.578 corresponden a la Administración Pública Nacional (APN) y 22.944 a las empresas y sociedades estatales. Dentro de los ministerios, el mayor impacto porcentual se dio en la administración centralizada (ministerios y Jefatura de Gabinete), que se achicó un 32,6% al perder 18.201 puestos. En el desglose por áreas ministeriales, la cartera de Salud lideró las bajas con 1.263 empleados menos (15,3% de caída), seguida por el Ministerio de Economía que recortó 1.004 puestos (11,6% de reducción).

 

Por el lado de las empresas públicas, la reducción global fue del 20,8%. El Correo Argentino encabezó el ajuste en términos absolutos al eliminar 5.618 empleos, pasando de 16.897 a 11.279 operarios (una brutal caída del 33,2%). Detrás se ubicaron la Operadora Ferroviaria con 4.305 puestos menos, el Banco de la Nación Argentina con una baja de 2.381 agentes y Aerolíneas Argentinas, cuya plantilla se redujo en 1.923 trabajadores, quedando en un total de 9.976 empleados.

 

La tijera oficial también impactó de forma notable en las firmas estatales medianas y en los organismos descentralizados. Fabricaciones Militares achicó su dotación un 31,6% al perder 470 empleados, la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) eliminó 280 puestos (29,9%) y la empresa estatal Educar redujo su personal un 62,3%, pasando de 446 a sólo 168 trabajadores. En el segmento de coberturas sociales y cultura, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) recortó 1.300 empleados (un 9,1% menos), mientras que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) quedó funcionando con 531 trabajadores.

 

Desde la gestión central explicaron en el documento parlamentario que los objetivos principales para el próximo período consisten en “consolidar una administración pública más austera, efficiente y enfocada en funciones estratégicas”. Asimismo, las autoridades argumentaron en el proyecto que mediante este proceso de reorganización administrativa se busca “generar condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad privada, la atracción de inversiones y la creación de empleo formal”.