La UBA cuestionó los fondos contemplados para las universidades en el Presupuesto 2027

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha manifestado una crítica contundente sobre las partidas asignadas a las universidades públicas en el reciente proyecto de Presupuesto 2027 presentado ante el Congreso. Esta confrontación suma tensión a la relación ya compleja entre las autoridades gubernamentales y el ecosistema educativo superior.

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El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, ha sido particularmente vocal en expresar las reservas de la institución que representa, también sumando voces al reclamo conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El proyecto del Poder Ejecutivo ha asignado una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, mientras que el CIN elaboró una propuesta significativamente mayor, contemplando $11 billones, destinada a cubrir las diversas necesidades operativas y salariales de las universidades durante el año entrante. Esta diferencia de $3,7 billones entre ambas propuestas, que asciende a un 34%, ha sido objeto de fervientes discusiones y reclamos por parte de Yacobitti y otros líderes universitarios.

En declaraciones recientes, el vicerrector subrayó que la controversia no se ciñe únicamente a una cuestión de cantidad, sino que también involucra un problema estructural sobre el cumplimiento de las leyes vigentes y resoluciones judiciales que afectan al sector. Expresó que las prioridades del gobierno parecieran no alinearse con el fortalecimiento del sistema universitario público ni con el cumplimiento de las normas establecidas, habiendo un trasfondo de falta de inversión en los últimos años.

El CIN destaca la importancia de cierta estabilidad financiera para poder cumplir con salarios y reclamaciones legales previas, que aseguran dignidad y continuidad laboral a docentes, investigadores, y personal no docente. "Hace dos décadas que no se veía una inversión tan deficiente," añadió Yacobitti, responsabilizando en parte a las carencias presupuestarias, que repercuten inevitablemente en el deterioro de las condiciones educativas.

Por su parte, el Gobierno sostiene que su plan financiero considera las variables operativas esenciales y que los fondos están destinados a asegurar un mínimo viable de operaciones dentro del sistema educativo nacional. Sin embargo, el análisis realizado por las universidades revela que se requeriría al menos de un presupuesto basal de $9,8 billones para comenzar a hacer justicia a la Ley de Financiamiento Universitario.

La controversia tiene un profundo impacto potencial no solo sobre quienes enseñan, sino directamente sobre los estudiantes que dependen de becas y ayudas estatales, relato ejemplificado por la incidencia negativa sobre las Becas Progresar. Estas herramientas no solo contribuyen a la reducción de la deserción estudiantil, sino que son fundamentales en igualar oportunidades para los diferentes estratos socioeconómicos.

"Con recursos limitados no solo se restringen futuras oportunidades laborales de exalumnos, también se erosiona el sustento de quienes estructuran el tejido educativo hoy día," concluyó Yacobitti, en declaraciones que prometen seguir levantando polvareda en el seno de la esfera educativa argentina.