En medio de la nueva avanzada contra discapacidad, subieron un 1,7% las prestaciones

En los últimos meses, la gestión de Javier Milei se ha visto envuelta en intensos debates relacionados con su abordaje de las políticas de discapacidad. A pesar de las reiteradas demandas judiciales y las voces de los colectivos que abogan por los derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno continúa en su decisión de no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Al tiempo que avanza su plan para eliminar el Nomenclador Nacional en Discapacidad del Presupuesto previsto para el 2027.

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El viernes pasado, el gobierno libertario implementó una modesta mejora del 1,7% en las prestaciones correspondientes a septiembre. Esto fue por una actualización mensual por inflación según la Ley de Emergencia, pero sigue sin corregir la pérdida acumulada de más de 40 puntos porcentuales en años anteriores.

La Resolución 3487/2026, firmada por el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, reafirma la implementación de este incremento marginal. La medida también contempla un 20% adicional para beneficiarios ubicados en la zona patagónica, debido a la condiciones desfavorables de la región.

Con el objetivo de equilibrar las finanzas del estado, Milei junto a su ministro de Economía, Luis Caputo, precisan avanzar con el desmantelamiento de las políticas de discapacidad. Desde el inicio de la administración, los valores del nomenclador han permanecido estáticos.

La crisis provocada por esta política impulsó la creación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ampliamente respaldada en el Congreso, como respuesta alternativa a las necesarias demandas de las comunidades afectadas. Sin embargo, a pesar de las criticas y fallos adversos, la gestión continúa inmutable a las demandas.

Siguiendo el plan rumbo a su versión del presupuesto del 2027, el presidente Milei y su equipo han establecido en el artículo 39 que el financiamiento ya no estará regulado de manera uniforme en todo el país. Evidentemente, pretende descentralizar el sistema, permitiendo variabilidad en los costos y modalidades de financiamiento según distintas jurisdicciones. Según estipula el texto, la atención debe ser accesible, oportuna, y de calidad, respetando las particularidades regionales respecto a los costos y recursos disponibles.

En este nuevo contexto, aunque el Proyecto del Presupuesto relativiza los preceptos de igualdad básica establecidos por la Ley 24.901 desde 1997, promete que las prestaciones sean adaptadas de acuerdo con estándares internacionales de calidad y equidad en los servicios.