Morosidad en Argentina: las deudas de casi 900.000 personas ya pasaron a manos de las agencias de cobranza

Cuáles fueron las provincias dónde más aumentó la morosidad el último año, y cómo se transformó el mapa nacional, atravesado por el endeudamiento.

21 septiembre, 2026

La crisis de morosidad que afecta a más de 880.000 deudores en Argentina ha alcanzado niveles preocupantes al ser derivadas sus deudas a las agencias de cobro. Esto indica un deterioro significativo en la capacidad de pago de los hogares, manifiesta en el creciente endeudamiento desde 2025.

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Según el informe reciente del Instituto Argentina Grande (IAG) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta situación no ha parado de empeorar, evidenciándose un aumento en la morosidad general de un 60% interanual en diversos segmentos de deuda.

Un análisis más detallado revela que la cantidad de deudores con atrasos de entre seis meses y un año se incrementó en 536.899 personas, mientras que aquellos con atrasos de más de un año crecieron en 1.298.950 individuos. Parte de este incremento es producto de prácticas de venta de deuda a entidades de cobranza que compran deudas difíciles de cobrar a precios bajos, un fenómeno que implica recursos legales de dudosa ética para concretar el cobro.

Por otra parte, aunque las regiones del norte de Argentina como Cuyo, La Rioja, y San Luis exhibieron niveles más altos de morosidad, sorprende el salto generalizado de incumplimientos con cifras que crecieron cerca del 47% en casi todos los segmentos de edad, señalando a los más jóvenes y adultos de edad media como los más vulnerables ante esta situación.

En cuanto a la afectación por edades, los jóvenes entre 15 y 29 años son quienes enfrentan mayores dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. La encuesta del Instituto patentiza que el 38,1% de los jóvenes se encuentra en situación de mora.

Las presiones económicas, el hostigamiento por parte de agencias de cobranzas y la contracción en las cifras de empleo han contribuido a diagramar un complejo panorama donde la reestructuración de compromisos financieros y la asistencia social son imperativas para mitigar las consecuencias de una morosidad que, de no revertirse, amenaza con seguir escalando.