Caso Fernando Báez Sosa: la Corte rechazó el reclamo de los rugbiers condenados

En una reciente resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado un nuevo intento judicial presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido a principios del año 2020 en la localidad costera de Villa Gesell. Este señalamiento estaba relacionado con una denuncia que abordaba presuntas irregularidades penales cometidas durante la investigación inicial del caso.

La fiscal Verónica Zamboni fue uno de los personajes centrales dentro de las acusaciones, quien junto a otros funcionarios fue señalada por la defensa de los condenados por supuestas falencias y omisiones en la gestión de las pruebas y testimonios iniciales.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encargados de analizar el reclamo, sostuvieron que este carecía de la fundamentación adecuada y que los argumentos planteados no eran suficientes para rebatir la decisión previamente establecida. Con esta negativa, el abogado defensor Hugo Tomei, quien representa a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, entre otros, confirma un nuevo revés en su intento de cuestionar el proceso en el que se efectuaron las declaraciones iniciales tras el trágico suceso.

Durante las presentaciones, ocurrió un énfasis en la manera y forma de las indagatorias realizadas poco después del crimen. La defensa planteó que no se informó de forma adecuada a los implicados sobre los cargos en su contra ni de las evidencias obtenidas. Se hizo hincapié también sobre posibles irregularidades en la firma y redacción de las actas que documentaron esas declaraciones, aportando además dudas sobre los registros de horario y cumplimiento de los dictámenes del Código Procesal Penal bonaerense.

Según esta visión, se habrían incurrido en delitos como falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes públicos e, incluso, privaciones ilegítimas del derecho a la libertad, lo que motivó a su vez la denuncia penal contra Zamboni y otros funcionarios del sistema judicial, incluyendo a la defensora oficial Verónica Olindi Huespi y el juez de Garantías David Mancinelli. No obstante, dichas acusaciones fueron desestimadas por no hallarse intenciones dolosas en sus proceder, tampoco prosperaron otras solicitudes de prueba adicionales presentadas al correr del tiempo por la defensa.

Aunque en febrero de 2022 un órgano local admitió la intervención de los rugbiers como damnificados particulares en relación a su denuncia, dicha denuncia no alcanzó un avance significativo en términos procesales. Reafirmando tales condicionamientos, un recurso de queja presentado en agosto de 2025 y una solicitud extraordinaria posterior no recogieron el beneplácito esperable de la Suprema Corte bonaerense.

Finalmente, el expediente yace ahora desaprobado por la insignificancia de sus bases en el más alto tribunal del país, sin ofrecer margen para revisitar las condenas vinculadas al suceso que cobró la vida de Fernando Báez Sosa. Este escenario no empece abordar los penosos detalles del crimen perpetrado obra de un grupo de jóvenes -condenado en primera instancia a perpetuidad para cinco de ellos y a penas de quince años para los tres residuales- modulándose la calificación en los tribunales penales posteriores readecuando la calificación anteriormente existente.