Denuncian que hasta 12.000 norcoreanos son explotados en una fábrica rusa de drones

Un informe de centros de investigación reveló que el régimen de Kim Jong-un retiene el 90% del sueldo de los operarios.

21 octubre, 2026

Unos 12.000 ciudadanos de Corea del Norte trabajarían bajo condiciones de explotación laboral en una fábrica rusa de drones militares, según denunció un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Instituto George W. Bush. El documento acusa a Moscú de recurrir al trabajo forzado y la trata de personas en el complejo industrial de Alabuga para potenciar los ataques aéreos en la guerra contra Ucrania. La investigación detalla que el régimen norcoreano les retiene hasta el 90 por ciento de sus salarios mediante acuerdos bilaterales secretos.

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La planta produce miles de aeronaves basadas en el diseño del modelo Shahed de origen iraní. La demanda militar llevó a Rusia a alcanzar una capacidad de fabricación superior a las 5.500 unidades mensuales, utilizadas para destruir ciudades e infraestructura eléctrica ucraniana. La incorporación de la mano de obra enviada por Pyongyang permitió ampliar esta producción en un contexto de fuerte escasez de operarios.
 
El entramado logístico y militar cuenta además con la cooperación de China e Irán, países que junto a Rusia y Corea del Norte conforman el bloque bautizado por los autores bajo la sigla CRINK (China, Rusia, Irán y Corea del Norte). Mientras que Teherán aportó el diseño original y la tecnología base, Beijing actúa como el principal proveedor de los componentes electrónicos, motores y sistemas de navegación necesarios para el ensamblaje.
 
La presencia de este contingente norcoreano viola de forma directa la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada en 2017, la cual prohibía formalmente a los países miembros emplear trabajadores de esa nacionalidad y exigía su repatriación. Según los investigadores, el mecanismo actual le permite al gobierno de Kim Jong-un sortear los bloqueos económicos y obtener divisas extranjeras de manera ilegal.
 
Frente a este escenario, los centros de estudios sugirieron que Estados Unidos y sus aliados occidentales aumenten las sanciones económicas sobre las firmas involucradas en la red de contratación. Asimismo, solicitaron que las empresas multinacionales que todavía operan comercialmente dentro de la zona económica especial de Yelabuga retiren sus operaciones para evitar complicidades con las denuncias de abusos a los derechos humanos.