Techo Digno: la fiscalía rechazó el pedido de prescripción formulado por la defensa de Tortoriello
La fiscalía rechazó el pedido de prescripción de la causa “Techo Digno”, en la que se investiga a los exintendentes de Cipolletti Aníbal Tortoriello y Abel Baratti por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y peculado en carácter de autores. Argumentó que Tortoriello, en su carácter de diputado nacional y candidato del partido La Libertad Avanza, mantiene la capacidad de ejercer influencia sobre el desarrollo de la investigación.
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Tras una extensa y fundamentada intervención del fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, las defensas de los imputados pidieron un cuarto intermedio para analizar la presentación y realizar su descargo. La jueza Alejandra Berenguer, que dirigió el debate, reconoció ese derecho y la audiencia se suspendió sin fecha. La tarea de la Oficina Judicial será ardua, ya que deberá buscar un día en que todos puedan estar presentes.
En esta causa están imputados Tortoriello (actual legislador nacional y candidato a la reelección); Baratti; la ex contadora municipal Lucila Chiocconi, y los empresarios de la construcción Domingo Mocciola (Mocciola constructora); Arturo Mendiberry (Zigma); y José Daniel Zoppi (Zoppi SA).
En la apertura de la audiencia de control de acusación, realizada el 2 de octubre pasado, los defensores habían pedido la prescripción de la causa, debido al tiempo transcurrido sin avances de la persecución penal. La fiscalía pidió un tiempo y hoy presentó sus argumentos para rechazar el pedido.
Los defensores de los exfuncionarios y los empresarios pidieron un cuarto intermedio para poder realizar el descargo. Foto: Cipo360.
Para Santiago Márquez Gauna, la clave para empezar a contar los plazos de prescripción pasa por definir en qué momento se definió el perjuicio patrimonial para el municipio. Y esto ocurrió cuando se firmó la rescisión de los contratos para la construcción de 404 viviendas en Cipolletti, mediante la operación “Techo Digno”. Eso ocurrió en 2016, cuando se rescindieron los contratos.
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Pero el fiscal precisó que la legislación establece puntualmente que la “acción de prescripción” queda interrumpida mientras el funcionario que intervino “tenga poder suficiente” como para ejercer presión sobre la investigación. En el caso de Tortoriello, siguió siendo intendente hasta 2019, y en la actualidad es diputado nacional. También fue candidato a gobernador “y no por un partido testimonial sino por una fuerza en desarrollo, que terminó segunda”, y hoy es candidato a la reelección por el oficialismo nacional de La Libertad Avanza.
En el caso de Baratti, sostuvo que “se vio beneficiado” por el accionar de Tortoriello, ya que la acción “iniciada por el primer intendente, fue continuada por el segundo”.
La causa “Techo Digno”
La fiscalía imputó a los exintendentes de Cipolletti de “coautores” de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y peculado, durante la construcción de 404 viviendas del Plan Techo Digno. En la descripción de las maniobras observadas, precisó que se pagaron – a valores actualizados a marzo de este año -, 5.000 millones de pesos por encima de lo realmente ejecutado en los trabajos.
El acuerdo para la construcción de las viviendas se había firmado el 17 de abril de 2015 y tenían un plazo de ejecución de 12 meses, entre la secretaría de Viviendas de Nación y la municipalidad de Cipolletti. El gobierno municipal – en ese entonces, a cargo de Baratti -, licitó las obras en cuatro tramos y las adjudicó a las empresas Mocciola (102 viviendas); Zigma (105); Ecca (100); y Zoppi (97).
Al momento de la rescisión de los contratos, se advirtieron diferencias entre el grado de avance de obra y las certificaciones y facturaciones abonadas. Las cuatro empresas recibieron en promedio un 22 % más de lo realmente construido. Montos que actualizados según el IPC al 31 de marzo de este año, equivalen a 5.000 millones de pesos.