La fiscalía imputó al diputado y candidato por la LLA, Aníbal Tortoriello y al exintendente Baratti por administración fraudulenta y peculado

La fiscalía imputó a los exintendentes de Cipolletti, Aníbal Tortoriello y Abel Baratti, los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y peculado, durante la construcción de 404 viviendas del Plan Techo Digno. En la descripción de las maniobras observadas, precisó que se pagaron – a valores actualizados a marzo de este año -, 5.000 millones de pesos por encima de lo realmente ejecutado en los trabajos.

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En la actualidad, Tortoriello es diputado nacional de La Libertad Avanza, y es candidato a la reelección por la misma agrupación. Baratti se jubiló en su actividad docente y se radicó en San Martín de los Andes.

El acuerdo para la construcción de las viviendas se había firmado el 17 de abril de 2015 y tenían un plazo de ejecución de 12 meses, entre la secretaría de Viviendas de Nación y la municipalidad de Cipolletti. El gobierno municipal – en ese entonces, a cargo de Baratti -, licitó las obras en cuatro tramos y las adjudicó a las empresas Mocciola (102 viviendas); Zigma (105); Ecca (100); y Zoppi (97).

La fiscal Natalia Poblete explicó que según el convenio firmado – y aprobado por el Concejo Deliberante -, no correspondía realizar el pago por “anticipos financieros”.  Sin embargo, al momento de la rescisión de los contratos, se advirtieron diferencias entre el grado de avance de obra y las certificaciones y facturaciones abonadas. Las cuatro empresas recibieron en promedio un 22 % más de lo realmente construido. Montos que actualizados según el IPC al 31 de marzo de este año, equivalen a 5.000 millones de pesos.

Los sobrepagos continuaron durante la gestión del sucesor, Aníbal Tortoriello, completando la maniobra.

Poblete también les atribuyó a ambos el delito de “sustraer fondos” de la cuenta específica del plan “Techo Digno”, y dirigirlas a otras cuentas específicas de la municipalidad. Esto dificultó el seguimiento de las transferencias realizadas desde el gobierno nacional.

Los empresarios Domingo Mocciola (Mocciola constructora); Arturo Mendiberry (Zigma); José Daniel Zoppi (Zoppi SA), y la ex contadora municipal Lucila Chiocconi están acusados de defraudación a la administración pública en su carácter de partícipes necesarios. Entiende que sin su colaboración, la maniobra no se podría haber realizado.