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01/09/2025

Techo Digno: se postergó la audiencia contra los exintendentes Tortoriello y Baratti

Tortoriello es candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Están imputados por administración fraudulenta y peculado, por el manejo de fondos específicos para la construcción de viviendas.
Tortoriello está imputado de administración fraudulenta y peculado en la causa "Techo Digno". Foto: Cipo360.
Tortoriello está imputado de administración fraudulenta y peculado en la causa "Techo Digno". Foto: Cipo360.

La audiencia de control de acusación contra los exintendentes de Cipolletti, Aníbal Tortoriello y Abel Baratti por la causa “Techo Digno” se postergó por pedido de uno de los involucrados.  Están imputados de administración fraudulenta y peculado por el manejo de fondos correspondientes al programa “Techo Digno”.

 

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En concreto, la fiscalía les atribuyó una serie de maniobras que impidieron hacer un seguimiento de la utilización de los fondos; y el pago de certificaciones por porcentajes de construcción superiores a los efectivamente realizados.

En la causa también están involucrados la contadora municipal Lucila Chiocconi y los empresarios Domingo Mocciola, Daniel Zoppi y Arturo Mendiberry,

Aníbal Tortoriello es actualmente diputado nacional e irá por su reelección, ahora con el sello de La Libertad Avanza. Baratti, por su parte, se retiró de la actividad política y se radicó en San Martín de los Andes.

El pedido de suspensión de la audiencia fue formulado por Baratti: alegó que la ausencia de su abogado patrocinante, Rafael Cuchinelli, lo coloca en una situación de indefensión. Esto a pesar de que se le había asignado a la defensora oficial Belén Pascal para que lo represente. El exjefe comunal manifestó que el letrado había pedido en cuatro oportunidades la postergación de la audiencia debido a otro compromiso judicial que tenía en Tucumán, pero que no fue escuchado.

 

Baratti y la defensora oficial, Belén Pascal. El exintendente protestó porque no se tuvo en cuenta el pedido de su abogado particular. Foto: Cipo360.

 

Si bien el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna explicó que no habría una afectación de derechos en esta etapa, los defensores del resto de los imputados hicieron causa común con Baratti y adhirieron al pedido de postergación. La jueza de Juicio, Alejandra Berenguer, aceptó el pedido para “evitar futuros pedidos de anulación”, y pidió que se habilite una nueva fecha “a la brevedad posible”.

 

De qué están acusados Tortoriello y Baratti

 

Los dos exintendentes de Cipolletti, la ex contadora de la Municipalidad y tres empresarios están procesados por los delitos de administración fraudulenta y peculado. En la ejecución del programa federal de viviendas “Techo Digno”.

Mediante un convenio celebrado en abril de 2015, el gobierno nacional y la municipalidad de Cipolletti acordaron la financiación para la construcción de 404 viviendas, subdivididas en cuatro planes. Según la fiscalía, Tortoriello y Barattí desembolsaron montos de pago a las empresas constructoras por valores superiores a los avances de obra que efectivamente se certificaran.

Una de las obligaciones que surgían del convenio era de la de abonar lo pactado con las empresas de forma mensual “contra certificación de avance de obra emitida por el propio Municipio”.

 

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Planteado en porcentajes - siguiendo la acusación fiscal - la empresa Zoppi Hnos. habría recibido un pago superior en relación al avance físico por un 12,58%, Eca S.A. un 14,75%, Mocciola S.A. un 7,57%, mientras que en el caso Zigma S.A, sería de un 20,56%.

 

Durante la audiencia, que se realizó por la plataforma Zoom, la jueza Berenguer aceptó el pedido de los defensores y postergó la audiencia. Foto: Cipo360.

 

Respecto de la contadora municipal, se la acusa de haber tomado intervención de los pagos indebidos pero no haberlos observado incumpliendo con las funciones de control interno que se determinan por la Carta Orgánica Municipal. De esta forma suscribió las órdenes de pago colaborando de forma esencial para que la maniobra pueda realizarse.

Además, los acusadores explicaron que ambos exjefes comunales también habrían transferido los fondos de una cuenta bancaria del Banco Nación específicamente creada para recibir los fondos del programa, remitiéndolos a otras bancarias de la comuna. Con este accionar habrían violado clausulas contractuales e impedido identificar las transacciones pertinentes que surgieran de la ejecución del convenio.